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El objetivo de esta iniciativa -explica en un comunicado- es no solo de investigar las responsabilidades penales de los causantes, por activa o por pasiva, del accidente, “sino también considerarlo, en su conjunto y con los antecedentes causales del mismo, como un acto lesivo para el interés general, que justifica por sí el ejercicio de la acción pública por parte del Parlamento”.

En opinión del grupo parlamentario de AGE, “los poderes públicos tienen la obligación legal, ética y de compromiso público de investigar las causas y depurar las responsabilidades y realizar cuantas medidas, actividades y actuaciones puedan contribuir a investigar y determinar las causas del accidente, así como evitar que se puedan volver a producir”.

Subraya en su escrito las comparecencias de los responsables de Adif y Renfe y de la ministra de Fomento y las distintas informaciones que se fueron conociendo “confirman que, si la red ferroviaria estuviese dotada de las medidas de seguridad activas y pasivas asociadas a una red de alta velocidad y estuvieran en pleno funcionamiento operativo, el accidente no se habría producido”.

Concluye que “queda también acreditado cómo los gobiernos de la Xunta engañaron a la ciudadanía anunciando un AVE que no era tal, dando un auténtico cambiazo de lo que son responsables los gobiernos del Estado”.