Compartir

Según ha informado a Efe el responsable adjunto de Formación para el Empleo de CCOO, Francisco Moreno Chamorro, las tres partes defenderán, previsiblemente, el actual modelo estatal de financiación para las acciones de formación en las empresas.

La reunión se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado el sistema actual de financiación tras el conflicto de competencias que promovió la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno catalán consideraba que el Ejecutivo central limitaba, e incluso invadía, la competencia autonómica en esta materia pero el Alto Tribunal, en una sentencia del 18 de diciembre pasado, determinó que las autonomías sólo disponen de una mera competencia de ejecución de la normativa estatal.

El TC también corroboró la legalidad de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo cuestionada por Cataluña.

Respecto a la formación en empresas, incluidos los permisos individuales de formación (PIF) -en los que el trabajador es quien opta por el curso para conseguir un título oficial- el TC atribuye a la competencia exclusiva del Estado el modelo de financiación.

La mesa negociará, entre otras cuestiones, un nuevo acuerdo para adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral y establecer la redistribución de fondos de acuerdo con las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Chamorro prevé que uno de los puntos de fricción que habrá en las negociaciones será con las comunidades autónomas por las citadas cuestiones competenciales.

También cree que habrá discrepancias entre patronal y sindicatos en lo tocante a la cuota de la formación, que CEOE y CEPYME quieren que se dirija sólo a los ocupados, mientras que CCOO y UGT consideran que debe ir tanto a los cotizantes como a los que no cotizan.

En este sentido, el Gobierno estaría “en principio” a favor de la tesis sindical, a juicio de Chamorro.

En 2012, se destinaron 2.154,9 millones de euros a la formación para el empleo, tanto de ocupados como de desempleados.

De dicha cantidad, los fondos gestionados por la fundación tripartita en el ámbito estatal sumaron 745,1 millones de euros, casi un 20 % menos que en 2011, de los que 185,1 millones fueron para la formación de ocupados (el 55,1 % menos) y 560 millones para bonificaciones de las empresas (el 8,11 % más).

CCOO critica ese importante descenso de fondos para formar ocupados, frente al incremento destinado a las bonificaciones de las empresas ya que más del 70 % de la formación para las micropymes se hace a distancia a través de más de 6.400 consultoras.

La calidad de la formación en estos centros es peor que en las grandes empresas donde la formación casi siempre es presencial, señala Moreno.

De los 185,1 millones de subvención para la formación de ocupados, el 7 % es para CEOE-CEPYME el 6 % para centros y entidades de formación, el 3 % para CCOO y UGT, respectivamente, y el 2 % para entidades paritarias (fundaciones sectoriales creadas por acuerdos de negociación colectiva).

También reciben subvención las organizaciones de autónomos, las de economía social, las empresas y otras entidades y las fundaciones, un 1 % en todos los casos.

En 2013 se destinarán 182,2 millones para las convocatorias de formación profesional para el empleo y se dirigirán prioritariamente a personas ocupadas y a jóvenes en paro.

El actual sistema de formación profesional se creó en 1992 mediante un acuerdo entre los agentes sociales (sindicatos y patronal) y empezó a aplicarse en 1993. Años más tarde se sumó la Administración.

Así, en 2013 se cumplen veinte años de un modelo basado en el diálogo social que como añadido positivo vincula la formación profesional a la negociación colectiva y que ha valorado la OCDE en su informe “A skills beyond scholl” (“Habilidades más allá de la escuela”) sobre educación y formación referido a España.