Compartir

Según el Observatorio, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Sindicato de Trabajadores de la Energía en Colombia (Sintraelecol), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal) en este departamento fueron declarados “objetivo militar” en un panfleto de la banda criminal Los Rastrojos.

En ese panfleto se acusa a estas organizaciones y sus líderes departamentales de tener vínculos con la guerrilla, se exige el “levantamiento de cualquier actividad de alteración del orden público como paros o manifestaciones” en las zonas de Caldas, Risaralda, Marmato e Irrá (centro-este) y se da un plazo de 24 horas para “iniciar la limpieza”, según denunció el Observatorio.

Las intimidaciones aluden de este modo al paro minero iniciado el pasado 17 de julio por sectores mineros de los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Boyacá.

Los mineros han hecho varia reivindicaciones, entre ellas que se derogue el decreto 2235 de 2012 que ordena la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades ilegales de exploración o explotación de minerales.

Según el Gobierno, detrás de la huelga están grupos al margen de la ley que sacan provecho económico de la minería ilegal, por lo cual ha dicho que no cederá a esas demandas.

El Observatorio agrega que amenazas firmadas por la misma banda se hicieron contra defensores de derechos humanos a nivel nacional, entre los que se encuentran el fundador de Movice y representante a la Cámara por el partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, y el vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, José Humberto Torres.

Ambos fueron calificados de “líderes sindi-guerrilleros” junto con otras organizaciones como Marcha Patriótica o la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros (Funtraenergetica) y se los acusó de atacar “las buenas y nobles intenciones del Gobierno”, así como de detener “el progreso que generan las compañías multinacionales”.

El Observatorio instó a las autoridades colombianas a perseguir, investigar y conceder medidas de protección ante tales amenazas.

Recordó además que en el primer semestre de este año, 37 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país, ocho más que en el mismo periodo del año anterior, de los cuales 12 ya habían denunciado amenazas previamente.