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Se espera que el Senado de República Dominicana examine y vote en las próximas semanas el texto que la Cámara de Diputados aprobó en junio pasado sobre esa legislación.

En un comunicado difundido este viernes, AI subrayó que la reforma del Código Penal “es una oportunidad para afrontar cuestiones claves de Derechos Humanos” en el país caribeño.

“Si bien el texto aprobado por los diputados representa avances en términos de protección de ciertos Derechos Humanos, en comparación con el texto vigente y con otras propuestas de código penal que habían sido elaboradas en el pasado, el Senado debería considerar algunos cambios”, indicó la organización.

Mediante dichas transformaciones se pondría en línea con los requerimientos y obligaciones internacionales de República Dominicana en materia de Derechos Humanos, indicó la investigadora de equipo del Caribe de AI, Chiara Liguori.

“Es positivo, por ejemplo, que el nuevo Código contemple los crímenes de derecho internacional, como crímenes de lesa humanidad, que dé una definición muy amplia de las causales de discriminación y que incluya los abusos de la autoridad pública cometidos contra los particulares”, opinó.

Liguori subrayó que entre los vacíos que presenta la versión del Código aprobada por la Cámara de Diputados se encuentra la “ausencia de tipificación de los crímenes de ejecución extrajudicial y desaparición forzada”.

Para AI, en un país como República Dominicana, donde las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la fuerza pública son recurrentes, y donde al menos dos supuestos casos de personas desaparecidas por la policía fueron documentados desde 2009 (Juan Almonte Herrera y Gabriel Sandi Alistar), es “crucial” que estos dos crímenes sean incluidos y sancionados por la legislación nacional.

A su vez, AI expresó su “viva preocupación por las consecuencias potencialmente negativas” para el derecho a una vivienda adecuada que presenta la posible criminalización de la ocupación de propiedad pública o privada contenida en varios artículos del proyecto de Código Penal.

“Varios estudios estiman que más de 50 % de la población en el país (75 % en la provincia de Santo Domingo) vive sin saber si tiene o no título de propiedad sobre la tierra o las viviendas donde viven”, explicó Liguori.

“No es admisible que un porcentaje tan alto de la población esté en riesgo de ser criminalizada”, enfatizó.

En relación con el tema del aborto, si bien Amnistía Internacional tomó nota de la evolución en la última versión del Código votada por la Cámara de Diputados, la organización pide a las autoridades dominicanas ir aún más lejos para que los Derechos Humanos de las mujeres sean plenamente respetados.