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Supremo de Brasil inicia análisis de últimos recursos del “juicio del siglo”

El proceso se desarrolló durante el segundo semestre de 2012 y desveló una vasta red de corrupción tejida por el Partido de los Trabajadores (PT, en el poder) una vez que Lula ganó sus primeras elecciones, en octubre de 2002.

La Corte comprobó que esa red operó hasta mediados de 2005 y sirvió para financiar campañas políticas en forma ilegal y “comprar” a dirigentes de otros cuatro partidos a fin de construir la mayoría parlamentaria que Lula no había logrado en las urnas.

El caso tuvo 37 acusados, de los cuales 25 resultaron culpables y recibieron penas que, sumadas, llegaron a casi 280 años de cárcel.

Entre los condenados figuran importantes dirigentes del PT en la época, muy cercanos a Lula, como el exministro de la Presidencia y “mano derecha” del exmandatario, José Dirceu.

Este fiel escudero de Lula fue calificado por la corte de “jefe” y responsable de la red de corruptelas y recibió una sentencia de diez años y diez meses de prisión.

También fueron condenados el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, así como dirigentes de otros cuatro partidos, empresarios y banqueros.

Las penas van desde los 40 años aplicados al publicista Marcos Valerio Fernandes, que puso dos de sus empresas al servicio de la red de corruptelas, y los dos años que recibió el ex diputado José Borba, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Muchos de los acusados formaban parte del entorno más cercano a Lula, pero el exmandatario no fue incluido entre los acusados.

Tras ser condenado, el publicista Fernandes llegó a declarar que Lula “sabía de todo” y era el verdadero “ideólogo” de la trama, pero la justicia desestimó esas acusaciones por falta de pruebas.

Aunque las condenas fueron dictadas por el Supremo, aún cabía una última y definitiva apelación, pues fue esa misma corte la que trató directamente el caso desde su inicio.

Los últimos recursos fueron presentados por las defensas de los 25 condenados durante el primer semestre de este año y en su mayoría piden una reducción de las penas o un nuevo juicio.

En algunos casos se alegan supuestas “faltas de garantías para la debida defensa”, en otros se habla de “errores procesales” y también de “incongruencias” entre la severidad con unos y otros condenados.

Si la Corte acepta algunos de esos argumentos, varias de las penas pudieran ser revisadas y reducidas.

Desde el año pasado, la composición del Tribunal Supremo cambió debido a la jubilación de dos de sus once integrantes, que fueron sustituidos en los últimos meses.

Según expertos en asuntos judiciales, la posición que adopten los magistrados Teori Zavascki y Roberto Barroso, que se han incorporado a la Corte este mismo año y por tanto no participaron en el juicio el año pasado, pudiera ser determinante y ayudar a alterar algunas de las sentencias.

Para esta última fase del proceso, el presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, dispuso que se celebrará una audiencia por semana y ha calculado que serán necesarias entre cuatro y seis sesiones para completar el análisis de todos los recursos.

Una vez concluida esa fase y establecidas las penas definitivas, las sentencias serán ejecutadas y aquellos castigados a más de ocho años de prisión serán encarcelados.

Aquellos condenados a entre tres y ocho años serán sometidos a un régimen semi-abierto, que les obligará a dormir cada noche en prisión, y quienes tengan penas menores evitarán la cárcel, aunque deberán realizar tareas comunitarias mientras dure el castigo.

El inicio del análisis de los recursos de los condenados este miércoles llegó a ser puesto en duda por el Tribunal Supremo por la muerte, el pasado lunes, de la esposa del magistrado Teori Zavascki, que será sepultada mañana.

Sin embargo, la corte ratificó este martes que, a pesar del luto y de la previsible ausencia de Zavascki en la primera sesión, el calendario de audiencias será mantenido.

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