lunes, 28 septiembre 2020 15:19

Cascos, insultado a su llegada a la Audiencia Nacional

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco ha hecho un paréntesis en su periplo vacacional para conocer las versiones de la 'número dos' popular y dos de sus antecesores en la secretaría general, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, sobre el sistema de donaciones y el pago de sobresueldos en 'dinero negro' a los principales dirigentes, tal y como denunció el extesorero Luis Bárcenas en su última declaración judicial.

Ruz quiere trazar una línea histórica de cómo funcionaba la financiación del partido en el Gobierno desde 1990 hasta la actualidad, la entrada y salida de fondos y el control de los mismos, pese a que ya ha recalcado en varios autos que los hechos que investiga anteriores a 2007 han prescrito. La traducción en el Código Penal sería el delito fiscal (si supera en un ejercicio los 120.000 euros de fraude), el cohecho (soborno o dádiva a cambio de realizar -u omitir- un acto) y la malversación de caudales plúblicos.

No obstante, pese a que la vigencia de los delitos investigados correspondería a la actual etapa de María Dolores de Cospedal, el juez considera que las citaciones de Arenas y Álvarez-Cascos son “pertinentes, útiles y necesarias” en atención a su responsabilidad interna en el partido “durante los distintos periodos en que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos (en referencia a las anotaciones de los papeles de Bárcenas entre 1990 y 2009)”.

Así, Arenas y Álvarez-Cascos están citados como testigos, es decir, sin abogado y con el deber de decir la verdad, este martes a partir de las 11:30 horas de la mañana. El líder de Foro Asturias y ex secretario general del PP ha llegado con antelación a la Audiencia Nacional, donde ha sido recibido con insultos por parte de la veintena de personas que se encontraban en ese momento en el lugar y que le han gritado “chulo” e “hijo de…”, al tiempo que portaban pancartas pidiendo su ingreso en prisión. Pese a ello, Cascos ha recorrido a pie y con paso lento los más de cien metros que separan el Paseo del Prado de la entrada a la sede judicial.

Antes, a las 10.20 horas, comenzaba a declarar el empleado de la caja del PP Antonio Ortiz, al que seguirá Cristóbal Páez, el gerente que suplió a Bárcenas cuando Mariano Rajoy nombró a éste tesorero nacional tras el Congreso de Valencia en junio de 2008 y que ya se encuentra en el juzgado. Antonio Ortiz es el segundo empleado del PP con esta responsabilidad que declara en la Audiencia Nacional después de el que el pasado 23 de mayo lo hiciera Luis Molero, quien sostuvo que Bárcenas le llegó a entregar hasta ocho paquetes de dinero en efectivo en un solo día para que los ingresara, de forma consecutiva, en la cuenta de donativos anónimos de la formación. Antes de comenzar los interrogatorios, el juez ha intervenido los teléfonos móviles y tabletas de los abogados de la acusación para que no haya filtraciones desde dentro.

El escollo de Cospedal

El miércoles le tocará el turno a María Dolores de Cospedal, que declarará como testigo a partir de las 10.30 horas en la Audiencia Nacional, tal y como ella prefirió pese a que su cargo como presidenta de Castilla-La Mancha le hubiese ahorrado este viaje.

Su interrogatorio es el más esperado. Primero porque es la actual secretaria general del PP desde 2008 y los hechos investigados por el juez que no han prescrito abarcan este periodo. Segundo porque deberá de aclarar el sistema de financiación del partido antes y después de que se reformase la ley, en julio de 2007, y las donaciones pasarán a ser nominales. En tercer lugar tendrá que responder por los sobresueldos que, según Bárcenas, cobró en negro hasta 2010.

Por último, Cospedal deberá de aclarar un asunto “muy sensible” para ella, según fuentes jurídicas. Se trata del recibí presentado por el extesorero en el que se aseguraba que el PP de Castilla-La Mancha recibió un pago de 200.000 euros de la constructora Sacyr para la campaña de la número dos del PP. Ello, después de que una filial de dicha empresa, Sufi, se hiciera con el servicio de limpieza del ayuntamiento de Toledo. El recibí entregado al juez está firmado por el gerente del PP manchego, José Ángel Cañas, y data de 2007, es decir, el supuesto cohecho no habría prescrito.