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La decisión se tomó a través del Consejo Nacional de Estupefacientes que autorizó el traslado de cuatro predios rurales ubicados en el Valle del Cauca (suroeste), Tolima (sur) y Cesar (norte) que estaban bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

La ministra colombiana de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló a través de un comunicado de su despacho que “por primera vez se avala una destinación definitiva de bienes, que ya tienen extinción de dominio, para que vayan a reparar a las víctimas que fueron despojadas de sus terrenos”.

Señaló que el trámite, de tipo administrativo, llevará a que la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura pueda cumplir con las obligaciones establecidas por los jueces y magistrados de restitución de tierras en el país.

La extensión de los cuatro bienes que pasan a la Unidad de Restitución de Tierras no fue suministrada.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva a cabo un programa de restitución de tierras, cuya ley está en vigor desde 2012, con el objetivo de devolver más de 3,5 millones de hectáreas a sus dueños en el transcurso de su mandato de cuatro años, que terminará en 2014.