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La resolución, dictada por el juez especial Miguel Vázquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, encausa a Manuel Contreras, exdirector de la DINA, a Pedro Espinoza, exbrigadier y segundo de la policía secreta, al coronel del ejército Juan Morales y al coronel de carabineros Ricardo Lawrence.

Todos ellos se encuentran en la actualidad en prisión cumpliendo penas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Contreras superan los 300 años de cárcel.

Según los antecedentes, Waldo Pizarro Molina, dirigente del PC y padre de Lorena Pizarro, actual presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), fue detenido por agentes de la DINA el 15 de diciembre de 1976.

Posteriormente, fue llevado hasta el cuartel “Simón Bolívar”, un centro de exterminio de la DINA ubicado en el municipio de La Reina, en el sector este de Santiago, donde fue interrogado y hecho desaparecer, junto a otra veintena de dirigentes de su partido.

Dicho cuartel era mantenido en secreto por la cúpula de la policía secreta y de su existencia nada se supo hasta el año 2008.

Además, el magistrado Vázquez procesó en otra causa a José Soto y a la suboficial de la Armada Teresa Osorio, miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, por el homicidio en noviembre de 1980 en Santiago de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Juan Olivares y Rubén Orta.

Los agentes, según los antecedentes del caso, simularon un falso enfrentamiento para justificar el asesinato de ambos opositores.

El juez ordenó Miguel Vázquez la prisión preventiva de los imputados.