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El procurador anticorrupción de Perú, Julio Arbizu, dijo hoy a la agencia oficial Andina que en este caso Fujimori está acusado de haber ordenado desviar 33 millones de euros de las Fuerzas Armadas para sobornar a directivos de los medios populares denominados “diarios chicha”.

Esos diarios llevaron a cabo campañas de desprestigio contra los opositores al gobierno de Fujimori, que ocupó la Presidencia de 1990 hasta el año 2000.

Arbizu agregó que múltiples testimonios de personas investigadas, condenadas y que testificaron por este caso en el proceso que se siguió en 2006 dijeron que “Alberto Fujimori quien dio la orden” de hacer los pagos.

Fujimori cumple una pena de 25 años de prisión por la autoría de 25 asesinatos y dos secuestros durante su Gobierno y, además, tiene otras penas menores por delitos de corrupción.

En junio pasado, el presidente Ollanta Humala denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori, de 75 años, al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y que señaló que el reo no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.

La Fiscalía solicitó en marzo pasado una pena de ocho años de prisión y un pago de más de 800.000 euros de reparación civil a Fujimori por el caso de los “diarios chicha”, tras la ampliación de su extradición de Chile, país en el que permaneció entre 2005 y 2007, cuando fue enviado a Perú para que ser juzgado.