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Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones puso temporalmente en suspenso la orden emitida el jueves por la juez Rosemarie Aquilina, que exigía a Detroit retirar su solicitud de quiebra por considerar que reduciría pensiones que están protegidas por ley, además de que viola la Constitución estatal.

El fiscal general de Michigan, Bill Schuette, presentó de inmediato una apelación a esa decisión y solicitó que el proceso se acelere para conseguir, lo antes posible, la autorización de la declaración de bancarrota.

La decisión alcanzada pone en suspenso las órdenes de los tribunales inferiores y cualquier otro procedimiento que cuestione la petición de bancarrota hasta que se resuelva la apelación presentada por Schuette, según informó el diario Wall Street Journal.

La sentencia permitirá que la primera audiencia sobre la bancarrota de Detroit, prevista para este miércoles, se centre principalmente en los méritos de la solicitud de bancarrota y no en la orden en su contra presentada por Aquilina.

La audiencia fue solicitada de urgencia por el director de emergencia de Detroit, Kevin Orr, al juez Steven Rhodes.

La quiebra declarada por Detroit es la mayor suspensión de pagos municipal de la historia estadounidense, con una deuda de 18.500 millones de dólares.

La cuna de la industria automotriz de EE.UU., que llegó a tener una población de más de 1,8 millones de habitantes, tiene ahora poco más de 700.000 y una tasa de desempleo del 16 %, 8,4 puntos más que la nacional (7,6 %).

El 40 % de las luces en las calles no funciona, sólo un tercio de las ambulancias municipales está en servicio y más de 70.000 casas están abandonadas, entre otros signos de declive.

Barrios enteros están desiertos y en otros los habitantes viven en la inseguridad, dado que la policía no está en condiciones de responder de manera adecuada a las llamadas de ayuda o protección.