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“Hoy es un día triste, pero también de justicia. El Estado está reconociendo su responsabilidad y pidiendo las disculpas por lo que hicieron sus funcionarios en estos casos”, declaró Jiménez en una ceremonia en el Ministerio de Justicia.

Saúl Cantoral y Consuelo García eran dirigentes de los mineros que participaban en las protestas de 1989 contra el Gobierno del entonces presidente Alan García, cuando fueron secuestrados, torturados y ejecutados extrajudicialmente por el clandestino Comando Rodrigo Franco, según una sentencia de la Corte Interamericana de 2007.

Por su parte, Kenneth Anzualdo fue un estudiante de cuya desaparición se ha responsabilizado a miembros del grupo paramilitar Colina en 1993 y presuntamente fue ejecutado en los sótanos del Cuartel General del Ejército en Lima, de acuerdo a otro fallo de la Corte de 2009.

La Corte Interamericana ordenó en ambos casos el procesamiento de los responsables, supuestos agentes del Estado que aún no han sido juzgados por estos casos, así como la reparación para los deudos y una disculpa pública del Estado por estos abusos de los Derechos Humanos.

Jiménez, en presencia del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Diego García Sayán, y del ministro de Justicia, Daniel Figallo, dijo que este reconocimiento “nos hace superiores”, porque señala “la dignidad, por encima de cualquier circunstancia, de las víctimas y de sus familiares”.

“En Perú hemos pasado por muchos avatares, hemos tenido un proceso complejo de violencia, que nos ha separado a peruanos y peruanas, (pero) hoy el Gobierno está planteando una reconciliación”, afirmó el jefe del gabinete en alusión a la violencia terrorista que golpeó el país entre 1980 y 2000.

“Estamos reconociendo unas circunstancias muy tristes que ojalá nunca hubieran sucedido”, indicó Jiménez y expresó su confianza en que las familias alcancen una justicia integral por la que el Estado velará.