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La Comisión de Acuerdos del Senado se había reunido para debatir los nombramientos del general Milani, el brigadier Mario Miguel Callejo, el contraalmirante Gastón Fernando Erice y el general de brigada Luis María Carena, la cúpula del Ejército nombrada recientemente por la presidenta, Cristina Fernández.

El oficialismo impuso su mayoría para rechazar la citación del jefe del Ejército solicitada por la oposición y decidió aplazar la sesión hasta mañana tras recibir un nuevo informe firmado por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.

En el documento, el CELS informó que ha “continuado la investigación” más allá de sus “recursos propios” y que ha “podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad”, según la agencia oficial Télam.

“Nos hemos ocupado de exigir la separación de sus cargos de quienes se encuentren sospechados de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos”, continúa el informe remitido al Senado.

“Consideramos que el ascenso del oficial Milani debe ser rechazado”, agrega.

“Si hubiera documentación que lo relaciona con un delito de lesa humanidad, si hubiera un indicio mínimo es suficiente para decir que no”, afirmó el senador oficialista Aníbal Fernández en declaraciones a Radio La Red.

El titular del CELS cuestionó el domingo en el diario Página 12 la designación de César Milani y pidió que “dé un paso al costado”.

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló recientemente que si la Justicia prueba las acusaciones en su contra, Milani debe ser separado de su cargo.

La pasada semana, César Milani atribuyó las acusaciones en su contra sobre su supuesta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) a intentos de perjudicar al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

En declaraciones colgadas en la web oficial del Gobierno, el general Milani denunció “una campaña de desprestigio y difamatoria con el objetivo de perjudicar” su “trayectoria militar” y su “buen nombre y honor”.

“Las acusaciones que estos difamadores profesionales han hecho trascender en los medios son falsas”, afirmó.

La polémica sobre el nombramiento de Milani aumentó después de que Ramón Olivera, un expreso político, asegurara que el general participó del proceso de su detención ilegal de su padre en la provincia norteña de La Rioja, en 1977.

“Ese día, me fijé en el legajo, estaba sancionado por haberme quedado dormido. Y menos todavía trasladé al propio Olivera. (…) Todo es mentira”, se defendió el jefe militar en declaraciones a un diario local.