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La institución lamentó en un comunicado “la serie de sucesos irregulares” que involucran a las Fuerzas Armadas y que “parecen indicar una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección” que están afectando sobre todo a los miembros de la entidad castrense.

Estos hechos “muestran una realidad que no puede ignorarse y que debe motivar una investigación de fondo sobre los mecanismos de protección y prevención en la vulneración de derechos humanos al interior de algunas instituciones y recintos militares”, agregó.

El caso más reciente ocurrió la semana pasada en la región de Santa Cruz (este), donde un cadete del Colegio Militar de Aviación falleció a causa de dos disparos en circunstancias que aún no han sido aclaradas y por la que ha sido detenido otro militar.

La Defensoría también mencionó la muerte de dos subtenientes, una en 2011 y otra en febrero pasado, cuando recibían entrenamiento en la “Escuela de Cóndores”, centro de formación de comandos de élite situado en el sur del país, cerca de la frontera con Argentina.

Citó, además, el fallecimiento de dos reclutas este año en la región amazónica de Beni, fronteriza con Brasil, “mientras realizaban trabajos en ámbitos privados fuera de las instalaciones militares” a las que estaban asignados.

La Defensoría también se refirió a la muerte “en circunstancias todavía más extrañas” de una enfermera de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en junio pasado en instalaciones del Gran Cuartel del Estado Mayor del Ejército, en La Paz.

Uno de los militares supuestamente involucrados en la muerte de la mujer también tenía orden de detención por el asesinato ocurrido en la escuela de élite en 2011, señaló el organismo.

La Defensoría del Pueblo reconoció que en los últimos años las Fuerzas Armadas mostraron una “apertura” para aplicar “modelos de cambio profundo y plausible” que tengan en cuenta los derechos humanos en la formación de sus integrantes, para acercarlos al “pueblo” y distanciarlos “de la violencia y la discriminación”.

No obstante, anunció que pedirá una reunión “urgente” con el comandante de las Fuerzas Armadas, general Edwin de la Fuente, para analizar estos sucesos.

La Defensoría recordó que ya ha elaborado informes especiales sobre algunos de los casos mencionados, que mostraron “falencias y dificultades en la relación entre las Fuerzas Armadas y el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos en recintos militares, que no podemos soslayar ni ignorar”.