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En uno de los proyectos de Real Decreto remitidos por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en la reforma eléctrica se detallan los umbrales mínimos de renta para poder solicitar o mantener el bono, una tarifa congelada desde 2009, según un borrador al que ha tenido acceso EFE.

Estos serán: 120 % del salario mínimo interprofesional (SIM) para el primer miembro de la familia (10.841 euros al año), 70 % del SIM para el segundo (7.588 euros al año) y el 50 % (5.420 euros al año) para los siguientes.

La propuesta, sobre la que la CNE debe emitir su informe antes de su aprobación definitiva, establece que para poder acogerse, o mantener esta tarifa social durante los próximos dos años, se deberá acreditar que se cumplen estos mínimos de renta enviando la información correspondiente a la empresa comercializadora.

Junto a esto, se permite a Hacienda comunicar a la eléctrica correspondiente, “sin consentimiento del interesado”, si se cumplen dichos mínimos.

La normativa añade que no se detallarán a las empresas los datos de renta sino simplemente si se superan esos límites.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ya mostró su rechazo al establecimiento de estos límites de renta que dejarían fuera de esta tarifa a un “porcentaje considerable” de familias con 3 o más hijos, que deberán afrontar un importante incremento del recibo de la luz.

Junto a las familias numerosas, pueden acogerse al bono social las residencias con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas y los hogares en los que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo.

Se calcula que unos 2,7 millones de hogares tienen esta tarifa, que mantiene precios de 2009.

Esta partida del bono social tiene un coste de unos 200 millones de euros.

En 2012, una sentencia del Supremo obligó a cargar esta partida a la parte regulada de la tarifa eléctrica, aunque el Gobierno legislará ahora para que vuelva a ir a cuenta de las eléctricas.

Industria también ha remitido su propuesta para la nueva factura de la luz en la que se deberá detallar, entre otros aspectos, qué cantidad se destina a cada uno de los componentes regulados del sistema (incentivos a las renovables, transporte o distribución, entre otros) y a impuestos, estatales y autonómicos.

Asimismo, la nueva factura deberá especificar si la lectura ha sido real o estimada, el origen de la electricidad o el impacto ambiental del consumo, junto a todos los datos de la empresa comercializadora y sus vías de atención al cliente.

Todos estos cambios forman parte de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno para que deje de generarse déficit de tarifa, el desfase que se produce al ser los ingresos vía recibo eléctrico insuficientes para cubrir los costes del sistema.

El déficit de tarifa asciende actualmente a 26.000 millones de euros.