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Así lo ha confirmado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una entrevista en RNE, en la que ha insistido que el Gobierno considera que se actuó “en base al derecho” y ha recordado que nunca “hasta el año 2009” se hizo ningún tipo de crítica a este sistema.

“Los astilleros, los armadores, los inversores han actuado siempre en base al principio de confianza legítima”, ha recalcado el ministro, que se ha mostrado convencido de que, a todos ellos, les “asiste la razón”.

Tras explicar que de lo que se trata es “de minimizar la cuantía de las devoluciones”, Soria ha destacado que se trata de “un tema de mucha complejidad, porque se establecen unas reglas que no son fáciles de interpretar”.

“En estos momentos es lo que se está haciendo, para saber exactamente cuál es la cuantía que operación por operación estaría afectada por esta decisión”, ha añadido.

Al ser preguntado por la actuación del vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Competencia, el español Joaquín Almunia, ha destacado que “ha habido decisiones que han ido cambiando en cuestión de días”, lo que pone de manifiesto, a su juicio, que “ha ido flexibilizando la posición”.

“Los argumentos que nosotros hemos puesto siempre encima de la mesa han sido siempre argumentos jurídicos, nunca hemos invocado a otro tipo de argumentos”, ha añadido.