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El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha asegurado que, a falta de conocer los detalles, Asturias no puede estar satisfecha con esa decisión del Colegio de Comisarios por lo que implica para un sector industrial “muy importante para la región”.

“Es una decisión claramente insuficiente a las demandas hechas desde Asturias”, ha precisado Martínez, que ha asegurado que la CE “no puede penalizar a una industria modernizada y competitiva como es la naval asturiana”.

En su opinión, las únicas ayudas que deberían devolverse son las concedidas a partir de 2011, tesis en la que va a seguir trabajando el Gobierno asturiano y ante la que no descarta iniciar actuaciones en el ámbito judicial.

En todo caso, Martínez ha instado hoy al Gobierno español a que “de forma inmediata negocie con la Unión Europea y propios inversores” fórmulas que minimicen el impacto de esta decisión.

Asimismo, ha asegurado que, aunque se haya modificado la posición inicial, “hay sólidos argumentos jurídicos a favor de las tesis españolas”.

Martínez ha hecho estas declaraciones a raíz de que el Colegio de Comisarios acordase no exigir la devolución de las ayudas otorgadas entre el inicio del régimen en 2002 y abril 2007, cuando la Comisión declaró públicamente incompatible un sistema similar de Francia.

La decisión es más favorable que la planteada inicialmente por el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, pero menos beneficiosa para España de lo que hubiera deseado el Gobierno y el sector, partidarios de limitar el reembolso a las bonificaciones fiscales concedidas desde que se incoó el expediente contra España en junio de 2011 hasta la actualidad.