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El comité de empresa del astillero vizcaíno ha leído un comunicado a la puerta de la planta tras el encierro mantenido esta noche en defensa del sector y poco antes de conocerse la decisión de la Comisión Europea (CE) sobre la devolución de las ayudas fiscales concedidas a través del método financiero “tax lease”.

La resolución de la CE exige a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales.

Para los representantes de la plantilla de La Naval, los “responsables máximos y directos” de las consecuencias que pueda acarrear este dictamen son el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y el Gobierno español.

Por ello, el comité de empresa ha instado a Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a asumir “la responsabilidad de articular las medidas necesarias sin contravenir las normativas comunitarias, y así dar seguridad a los estructuradores financieros, inversores, armadores y astilleros, asegurando el futuro de la construcción naval en España”.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que “lo primero que debería hacer” Montoro sería “reunirse con los inversores y articular y acordar cómo, cuándo y de qué manera tendría que devolverse ese dinero para darle estabilidad al sector naval”.

Para el comité de empresa, solo el Gobierno de Rajoy “tiene la capacidad de reunirse con los inversores”.

“Ellos saben quienes son los inversores y, por tanto, son ellos los que tienen que tomar las decisiones y dependería de ellos el futuro de todos los astilleros”, han señalado en el texto leído por el presidente del comité de empresa, José Pedro González.

Ante la incertidumbre que el dictamen de la UE genera sobre el sector, los sindicatos han asegurado que continuarán “en la lucha”.