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Inicialmente, la propuesta que se barajaba contemplaba la probable devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, a pesar de que el Gobierno y el sector naval español reclamaban que, en el caso de que España tuviese que devolverlas, fuesen las concedidas desde que se incoó el expediente contra España en junio 2011 hasta la actualidad.

A falta de un día para que el Colegio de Comisarios europeos se pronuncie sobre el caso español, los astilleros privados insisten en que los efectos de esta nueva propuesta de la CE son los mismos que los de los casos anteriores: la desaparición de los astilleros españoles.

Por ello, piden al Gobierno español un “último esfuerzo” y que agote todas las gestiones para que la incertidumbre sobre el “tax lease” español se pueda “matizar y evite la muerte de los astilleros”.

De hecho, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, mantuvo ayer una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, en la que le pidió una decisión “justa” y “ajustada” sobre la devolución de ayudas europeas de los astilleros españoles.

En este sentido, Pymar considera que la CE sigue sin tener en cuenta algunos de los argumentos jurídicos defendidos por el Gobierno y por los astilleros privados.

“El sector está empeñado en conseguir que los 28 comisarios conozcan la injusticia que se cometería en caso de que se decida sobre la devolución íntegra de las supuestas ayudas entre 2007 y 2011”, sostiene la patronal, quien advierte además del daño irreparable que ello generaría en los astilleros y en la industria auxiliar.

Y es que, el caso español, indica Pymar, puede sentar un precedente en otros casos que ya está investigando la CE y que afectan a Holanda, Grecia, Francia y Malta.

Por ello, alertan, tal y como señaló recientemente el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, del riesgo de deslocalicación que puede sufrir el sector naval europeo hacia otros países asiáticos.