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“Japón está dispuesto a modificar su programa si eso fuera necesario”, dijo el delgado de Tokio ante CIJ, Koji Tsuruoka, en los alegatos que cerraron tres semanas de audiencias en esta disputa ante el máximo órgano judicial de la ONU.

A pesar de esta declaración de acatar la decisión última del Alto Tribunal, que emitirá su fallo en cuestión de meses, Japón siguió defendiendo los fines científicos de su programa de caza de ballenas.

Tsuruoka se congratuló de la oportunidad que Australia le ha brindado para “poder decir a todo el mundo la verdad sobre los objetivos científicos del programa japonés” de caza de cetáceos, el cual, según Camberra, encubre una práctica comercial que viola tratados internacionales.

El vocal nipón reiteró además la petición de Tokio para que la CIJ se declare sin jurisdicción en el caso y rechace todos las reclamaciones australianas.

El portavoz también resaltó que Australia “ha rebajado su tono a lo largo de las audiencias y ha derivado el caso hacia el hecho de si las prácticas japonesas ponen o no en peligro a las poblaciones balleneras”, lo cual, según Tokio, no es el caso.

Australia denunció a Japón en 2010 ante la CIJ porque duda de los fines científicos del programa de investigación con el que Japón autoriza la caza de ballenas en la Antártida, asegurando que los objetivos de Tokio violan resoluciones legales internacionales y persiguen fines comerciales.

Japón abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó un año después bajo un programa con fines científicos (JARPA II) autorizado por la Comisión Ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.

Según datos de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), a la que tanto Australia como Japón pertenecen, unas 1.600 ballenas son capturadas anualmente por arpones japoneses, que, desde que entró en vigor la moratoria internacional, cazó en total unos 33.000 cetáceos.

El jurista francés Allan Pellet, que defiende en este caso la postura nipona ante la CIJ, aseguró hoy que la actividad ballenera de Japón “no pone en peligro las poblaciones de ballena”, que es una especie en amenaza de extinción.

Australia acusa a Tokio de violar la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW por sus siglas en inglés), firmada en 1946 para promover la conservación de la especie y desarrollar la industria ballenera de manera sostenible.

Para Camberra, Japón transgrede específicamente su obligación de cumplir el mandato de moratoria total de la caza con fines comerciales que entró en vigor en 1986.

Tokio defiende que su programa está amparado por el artículo VIII de la Convención de 1946, el cual permite la caza de ballena con fines científicos.

Otros países que también cazan ballenas o delfines para aprovechar su carne son Noruega e Islandia, así como las Islas Feroe y Groenlandia.

La decisión de la Corte, además de solucionar la disputa entre las partes, creará un precedente que servirá como marco jurídico para la interpretación de la ICRW.