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El nuevo paquete de medidas para intentar atajar el déficit del sector eléctrico se verá hoy en el Consejo de Ministros pese a las diferencias de última hora entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. El escollo entre Soria y Montoro ha sido sobre la parte que debía asumir Hacienda, vía Presupuestos Generales, para contribuir a atajar el déficit de tarifa, un desfase generado al ser los ingresos del sistema eléctrico insuficientes para cubrir los costes, que supera ya los 26.000 millones y que, sin medidas adicionales, crecería a un ritmo anual de 4.000 millones.

El objetivo de Industria era que, en cumplimiento de lo que fija la ley, los Presupuestos asumieran los 1.800 millones de euros que supone compensar el mayor coste de generar electricidad en los sistemas extrapeninsulares, un aspecto en el que podría haberse cerrado algún acuerdo “intermedio”. Según diversas fuentes, Hacienda asumiría alrededor de la mitad de esta partida, lo que obligará a Industria a elevar los ajustes para las empresas y a subir la tarifa eléctrica para intentar cuadrar los números del déficit.

Tras una elaboración marcada por el hermetismo, Industria convocó ayer a directivos de las principales empresas del sector para exponerles puntos de la reforma que verá el Gobierno. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha mantenido encuentros con directivos de las eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP) y de otras empresas con fuerte presencia en renovables como Acciona o Abengoa.

LOS DETALLES CONOCIDOS

Hasta ahora solo se habían avanzado algunas líneas generales: ajuste de costes a todas las actividades reguladas (distribución, transporte, primas a las renovables) bajo la premisa de la “rentabilidad razonable”, mecanismos para dotar de “estabilidad financiera” al sistema eléctrico y una tarifa en la que solo queden las partidas “estrictamente necesarias”. Más allá de estas premisas, la clave está en el reparto del “sufrimiento” para enjugar esos 4.000 millones de déficit estructural y que, según ha venido señalando el ministro de Industria, debe repartirse de forma “equitativa” entre las empresas, los consumidores y el Estado.

Para las empresas vendría a través de ese ajuste de las rentabilidades de sus actividades reguladas, es decir, de cobrar menos por distribuir, transportar o generar electricidad con renovables o cogeneración (tecnologías encuadradas dentro del régimen especial y que reciben primas por su producción). En números, se ha especulado con que el recorte a las primas rondaría los 1.000 millones. También parece que sufrirá una importante rebaja, de alrededor del 20  por ciento, la distribución.

LA VÍA DE LOS CONSUMIDORES

Para los consumidores, la vía es elevar los peajes, que representan algo más de la mitad de la tarifa eléctrica de último recurso o TUR a la que están acogidos la mayoría de los ciudadanos. Junto a estos aspectos, la reforma eléctrica incluirá la posibilidad de “hibernar”, parar durante un tiempo determinado, un parte importante del parque de ciclos combinados, plantas que usan gas para generar electricidad.

Estas plantas, que suman 25.175 megavatios, alrededor del 25 % del total de la potencia instalada en España, llevan meses funcionando en mínimos, una situación ante la que las eléctricas han reclamado soluciones. También estaba previsto que se llevara a la reforma el balance neto, el mecanismo que permitirá el autoconsumo energético en viviendas y pequeños comercios, y que conllevará el pago de peajes por usar la red eléctrica. Lo que no está claro es si el Consejo verá todos estos puntos o sólo algunos aspectos de esta compleja reforma para el sistema eléctrico español.