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González, un periodista, profesor y opositor dominicano, desapareció el 26 de mayo de 1994 a los 52 años de edad, durante el último Gobierno del ya fallecido presidente Joaquín Balaguer.

Domínguez Brito adoptó la medida en cumplimiento a una sentencia sobre el caso emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“Entendemos imperativo el respeto y promoción de los derechos fundamentales que protegen a todo ser humano, dando fiel cumplimiento a la Constitución dominicana y los tratados internacionales sobre la materia”, expresó el funcionario en un comunicado divulgado por la Procuraduría General del país.

En la resolución, remitida a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, Domínguez Brito indicó que ejecución de la medida estará a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.

La sentencia de la CIHD establece que el Estado dominicano debe continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de González.

Además, efectuar una búsqueda en la cual realice todos los esfuerzos necesarios para determinar su paradero.

Al emitir su condena la CorteIDH señaló que “El Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Narciso González Medina y consiguientemente por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica”.

Según la demanda, la desaparición de González fue una consecuencia directa de sus posturas políticas, especialmente por sus denuncias de fraude electoral en contra de Balaguer, quien gobernó República Dominicana en los períodos de 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996.

Una noche antes de su desaparición, González pronunció un fuerte discurso en contra del Ejecutivo de Balaguer, luego de hacer un llamado a la desobediencia civil durante una Asamblea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era profesor.

La CorteIDH ordenó entonces a la República Dominicana realizar “las investigaciones y procesos necesarios” para “establecer la verdad de los hechos”, así como identificar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de González.

En cuanto a indemnizaciones, determinó que el Estado debe pagar por daño inmaterial un total de 290.000 dólares a los familiares de González; por ingresos dejados de percibir por el periodista 70.000 dólares y por costos del proceso 33.200 dólares.