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El exmilitar acusado de golpista por Zelaya pide que se autorice el voto a los soldados

La petición de Vásquez, quien ahora es candidato presidencial por el recién creado Partido Alianza Patriótica (PAC), fue formalizada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), alegando que la Constitución de la República le garantiza a todos los hondureños el derecho a “elegir y ser electo”.

“Aquí se está discriminando a los soldados y a los policías que normalmente están arriesgando su vida defendiendo los derechos de la sociedad. Eso no puede ser”, subrayó Vásquez en declaraciones a periodistas al salir del TSE en Tegucigalpa.

Que los militares puedan ejercer el sufragio “es un derecho y un deber”, agregó, pero matizó que ellos ahora no lo van a decir porque están “bajo la égida de las Fuerzas Armadas”.

“No pueden decir nada porque están dentro de la institución, que es apolítica, obediente y no deliberante (según la Constitución), pero es un derecho individual”, subrayó Vásquez, quien en el Gobierno de Porfirio Lobo, que asumió en enero de 2010, fue nombrado gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

Vásquez renunció hace unos pocos meses de la telefónica estatal para dedicarse a la campaña política en busca del poder.

El partido que lidera el militar retirado es uno de los cuatro nuevos que surgieron en Honduras tras el golpe de Estado a Zelaya, quien acusa al exjerarca militar de haberse aliado con otros sectores sociales y poderes del Estado para derrocarlo el 28 de junio de 2009.

Zelaya asegura además que Vásquez ordenó a los militares que lo fueran a “sacar a balazos” de su casa el día de su derrocamiento.

Desde que el país centroamericano retornó a la democracia, en 1980, las Fuerzas Armadas, a las que durante tres décadas estuvo adscrita la Policía Nacional, tienen el mandato de distribuir y resguardar el material electoral, lo que les ha impedido votar.

Como jefe militar Vásquez nunca reclamó el derecho de los soldados y oficiales del Ejército y la Policía Nacional que ahora exige, aunque con su nueva iniciativa coinciden varios políticos y analistas locales.

Los analistas consideran que el caso necesita de una reforma a la Constitución que tiene que ser aprobada por al menos dos terceras partes del Parlamento, en dos legislaturas, por lo que los militares y policías no podrían ejercer el sufragio en las elecciones de noviembre, sino hasta en las de 2017.

Además, para que los militares puedan votar, habría que retirarles la responsabilidad de distribuir y resguardar el material electoral en todo el país.

El PAC no figura con posibilidades de triunfo en los últimos sondeos de opinión difundidos en los últimos dos meses en Honduras.

Una de las últimas encuestas hechas en Honduras, en mayo pasado, reflejó que la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), surgido tras el golpe de Estado, encabezaba la intención de voto con un 28 %.

En segundo lugar la muestra favoreció al candidato del también recién creado Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, con 21 %, y en el tercer lugar al del oficialista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, con un 18 %.

Se espera que el TSE se pronuncie en los próximos días sobre la petición de Vásquez, quien está dispuesto de acudir a todas las instancias locales e internacionales si fuera necesario, según advirtió hoy su apoderada legal Gloria García.

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