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En un comunicado, Pymar habla de “numerosos casos” en los que los armadores han enviado a sus técnicos de compras a astilleros asiáticos para buscar alternativas a la construcción de barcos que estaban negociando hasta ahora en países europeos, incluida Holanda, que denunció el sistema español de bonificaciones fiscales.

Abunda la patronal en que los armadores temen que, tras “el golpe” anunciado al naval español, la Comisión Europea actúe contra otros países con el mismo criterio.

El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, confirmó recientemente que ha abierto investigaciones a los astilleros de Holanda, Francia, Malta y Grecia.

Según Pymar, puede darse “la paradoja” de que los armadores y navieras internacionales, en su mayoría asentados en Europa, se vean forzados a comprar los barcos en Asia a causa de la política aplicada por la Comisión Europea.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, sostiene que la Comisión Europea tiene “bastantes argumentos jurídicos” para aplicar la misma doctrina que en el caso francés, y se remite a las palabras de Almunia en Madrid, cuando dijo que “en Europa todo se pacta”.

“Estamos en la hora de que la política haga valer el derecho”, recalca López del Poco, quien considera que “solo por una evidente falta de voluntad” para la apreciación de los argumentos esgrimidos por España “no se puede permitir el cierre de un sector y que la excusa continúe siendo una cuestión jurídica”.

López del Pozo apela a que el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, asuma su responsabilidad, refrende el principio de seguridad jurídica y apoye a la industria europea porque “sin ella, no hay ninguna competencia”.

La consejera delegada de Pymar invita a Barroso a que haga “un ejercicio de responsabilidad” para que se impongan “el sentido común y el espíritu constructivo” que los países de la UE “esperan de sus instituciones”.

Recuerda que, de imponerse la tesis de Almunia, implicará “el fin” del naval y la destrucción de 87.000 empleos, algo que intentará evitar el sector, respaldado por las administraciones central y autonómicas y los sindicatos, en la reunión de este jueves con Almunia.

Pymar abunda en los argumentos de la confianza legítima y la seguridad jurídica con los que han actuado los astilleros españoles, armadores e inversores a lo largo del periodo en el que el anterior tax-lease estuvo vigente, entre 2002 y 2011.

Sostiene que los astilleros no reclaman “el perdón” de Bruselas sino que se aprecien los argumentos jurídicos alegados; y también el mismo trato dispensado a otros países, como a Francia en 2006, cuando tras declarar incompatibles las ayudas al sector naval, eximió a los operadores de la devolución de los beneficios fiscales.