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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado ?caso Pescanova?, Pablo Ruz, ha imputado al hijo (Pablo Fernández) y al hermano del polémico presidente de la multinacional (Fernando Fernández), Manuel Fernández de Sousa, junto a otros cinco directivos ?Robert Williams, Jesús García, Joaquín Viña, Antonio Táboas y Alfredo López-, por las supuestas irregularidades cometidas en aquellas durante los años 2011, 2012 y parte de 2013. Considera que existen indicios de que habrían podido incurrir, con conciencia en los delitos de estafa, falseamiento de información económico-financiera y también falseamiento de cuentas anuales.

Esta decisión ha sido tomada tras admitir a trámite el instructor una querella del fondo de inversiones Luxempart ?el tercer mayor accionista de Pescanova, con el 5,8% del capital social?, que denuncia haber sufrido un perjuicio patrimonial de 52 millones de euros. No obstante, ha aplazado hasta el interrogatorio de todos los acusados -que ya superan la docena, incluidos siete de los 12 miembros del consejo (entre ellos, Alfonso Paz-Andrade, su ex consejero delegado, y el representante del fondo Iberfomento, José Antonio Pérez-Nievas) lo que sería el núcleo duro del que se rodeó Fernández de Sousa para apoyar sus decisiones- las posibles medidas cautelares, incluida una fianza de responsabilidad civil.

Lo que sí ha hecho Ruz es pedir una información esclarecedora: de un lado, todos los datos de que disponga el Banco de España sobre los créditos, avales y riesgos en general que Pescanova mantenga con entidades financieras y, de otro, los expedientes que el Instituto de Contabilidad (ICAC) haya abierto sobre las auditorias hechas a la compañía. Toda esta documentación, junto al análisis forense solicitado a la firma KPMG por la banca acreedora y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en busca de anomalías e irregularidades, y el estudio requerido a la Unidad de Delincuencia Financiera de la Policía sobre el patrimonio de los imputados, será la base del devenir que pueda tomar la instrucción.

La administración concursal de Pescanova firmó hace una semana con siete de sus principales bancos acreedores y la Xunta de Galicia una línea de crédito por valor de 56 millones de euros, de los que podrá disponer “en los próximos meses”. Sin embargo, ninguna entidad financiera extranjera a las que adeuda dinero ?su pasivo total con las entidades financieras supera los 2.500 millones- quiso participar en esa operación, incluido el Deutsche Bank alemán -el quinto mayor acreedor, con 130 millones-, con quien hubo conversaciones casi hasta el último momento. Con esta inyección se busca “cubrir las necesidades operativas más inmediatas” de sus filiales, amén de suponer un pequeño alivio para la caja de la compañía. En concreto, servirá para atender pagos corrientes como nóminas, proveedores y transportistas, entre otros.