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La juez Jane Farish, del Tribunal del distrito de Greymouth, también impuso a la empresa una multa de 595.460 dólares (595.460 euros), según Radio New Zealand.

Con el fallo, cada familia y los dos sobrevivientes del accidente, Russell Smith y Daniel Rockhouse, recibirá unos 86.185 dólares (66.722 euros).

La empresa fue hallada culpable de nueve cargos por no haber velado por la seguridad de los trabajadores que murieron en la mina Pike River, en el que fue el segundo mayor accidente minero de la historia de Nueva Zelanda.

“Los peligros eran bien sabidos y podían prevenirse”, dijo la juez que añadió que “habían muchos indicadores que daban cuenta de que la mina era insegura y potencialmente a punto de explotar y a pesar de ello no se prestó atención a estas señales de advertencia”.

Los mineros, de entre 17 y 62 años, murieron casi instantáneamente por traumatismos, quemaduras o asfixia después de una explosión de gas metano que les dejó sepultados a 2,5 kilómetros de profundidad dentro de una galería que carecía de un acceso alternativo.

Cinco días después fueron dados por muertos tras una segunda explosión.

La juez Farish se mostró conmovida durante la lectura del fallo que fue seguida por el llanto de familiares de los mineros muertos y de los supervivientes, según mostró el canal TVNZ.

“Los testimonios sobre el impacto en las víctimas fueron desgarradores. Ellas sienten un gran tristeza y es solo cuando uno los lee, siente el dolor colectivo y entiende cuánto echan de menos a sus esposos, padres e hijos”, dijo la juez.

La magistrada también señaló que la mina, donde están sepultados los cadáveres de los 29 mineros, no es la tumba que hubieran elegido sus familiares.

“El sacar los cadáveres no acabará con la pesadilla, pero de alguna manera traería un poco de paz en sus vidas”, acotó.

La empresa ha indicado que solo dispone de unos fondos de 122.226 dólares (94.624 euros), que es el dinero que le queda de los pagos del seguro tras declararse en bancarrota.

Sin embargo, la juez Farish indicó que el principal accionista de la empresa, New Zealand Oil & Gas, tiene capacidad para pagar las indemnizaciones.

Los abogados de los familiares anunciaron que hoy presentarán una demanda legal para pedir una indemnización al Gobierno neozelandés.