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El motivo por el que el Juzgado de Instrucción 1 de Granada lo ha citado a declarar por presunta prevaricación junto a otras cinco personas, entre las que figuran promotores y responsables de una entidad financiera, está relacionado con una operación urbanística por medio de la cual el Ayuntamiento se cobró una deuda de unos 8,4 millones de euros con una parcela valorada en un millón menos.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha señalado hoy que está “muy tranquilo” porque está “convencido” de que todo lo que ha hecho en la ciudad ha sido en defensa de los intereses de Granada y porque en su momento los funcionarios municipales avalaron con sus informes la citada operación.

En la querella que ha derivado en la instrucción de esta causa, el grupo socialista mantenía que el alcalde selló un acuerdo privado con promotores por medio del cual, en lugar de cobrar en líquido los ocho millones de euros que adeudaban al Ayuntamiento, saldaba la deuda “en especie” recibiendo una parcela de uso terciario (comercial) valorada en siete millones -uno menos de la deuda-.

El PSOE acusaba al Ayuntamiento de “menoscabar el interés general” de la ciudad al aceptar el cobro en suelo de esa deuda -derivada de los aprovechamientos urbanísticos del plan parcial-, pese a tenerlo asegurado mediante embargos municipales.

Según ha explicado hoy el alcalde, antes de que se pudiera proceder a los embargos había “una serie de bancos e instituciones -financieras-” detrás, por lo que lo que hizo el Ayuntamiento fue “garantizar para siempre esa cantidad de dinero”.

En el acuerdo suscrito, según Torres Hurtado, la participación del Ayuntamiento en ese suelo era de cerca del 15 % pero se estableció la condición de que “siempre cobraría ese valor”.

“Si en la venta suponía más valor, era para el Ayuntamiento también, y si suponía menos valor, los otros dos socios de ese suelo le pagaban al Ayuntamiento esa cantidad, por lo tanto estoy muy satisfecho de esa operación”, ha incidido el alcalde.

Ha negado que su imputación tenga repercusión política o institucional, pero ha admitido que “no es agradable” aparecer en los medios de comunicación como imputado, aunque esta figura jurídica no tenga de entrada, ha dicho, “ninguna repercusión desde el punto de vista judicial”.