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La investigación se originó por denuncia de Ametraci (Asociación Mediterránea de Transportistas de Contenedores e Intermodal) ante el Servicio de Defensa de la Competencia (actual Dirección de Investigación de la CNC) por entender que las prácticas realizadas por algunos miembros de dichas asociaciones constituían una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

El Consejo de la CNC considera acreditado que los empresarios autónomos del transporte de contenedores por carretera de la provincia de Barcelona, representados por la Asociación Transcont, y las empresas transportistas de esta misma modalidad asociadas en ALTC, realizaron conjuntamente una serie de conductas con objeto de cerrar el acceso al mercado de transporte por carretera de contenedores con origen o destino en el Puerto de Barcelona.

Competencia expuso en un comunicado que la conducta sancionada es de carácter "muy grave y dificulta el proceso de liberalización que se ha llevado a cabo respecto a las actividades de los puertos españoles, lo que puede dañar la imagen internacional de los mismos y afectar a su competitividad".