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El Tribunal Supremo ha anulado la condena de 30 años de prisión que la Audiencia Nacional impuso a un miembro de los GRAPO por el asesinato de un policía porque la testigo que le identificó no compareció en el juicio al no haber sido localizada y por considerar que su ausencia "no era, ni mucho menos, inevitable".

En la sentencia, que hoy adelanta el diario El Mundo, el Supremo absuelve a Marcos Martín Ponce al estimar que, sin la declaración de la testigo protegida, no ha quedado acreditado que fuera autor del asesinato del policía Francisco Javier Sanz, cometido en Madrid en noviembre de 2000.

Para el Supremo, "lo más grave" es que "la ausencia de esa testigo no era, ni mucho menos, inevitable", ya que la Policía no logró localizar a la testigo porque la buscó en el colegio donde trabaja durante el mes de julio -cuando no había actividad-, sin al parecer acudir a su domicilio.

Testigo protegido 

La sentencia recuerda además que la mujer gozaba del estatuto de testigo protegido y dice que "la lógica de las cosas indica que un verdadero y eficaz sistema de protección de testigos obliga, cuando menos, a conocer su localización, entre otras cosas, para preservar su identidad física".

El Supremo dice que, ante la ausencia de otras pruebas, la presencia en el juicio de la testigo "resultaba absolutamente indispensable" y añade que la identificación que hizo tuvo que haber sido completada "permitiendo a la defensa interrogar acerca de los elementos de identificación que hubieran sido aportados en su día por la testigo".

La Audiencia Nacional ha justificado hoy su decisión de celebrar el juicio a pesar de la incomparecencia de la testigo recordando que la ley no permite suspender la vista por este motivo si no lo piden el fiscal o la defensa.

En un comunicado, el tribunal añade que la Policía intentó hasta en cuatro ocasiones localizar a la testigo sin éxito y que fue la víspera de la vista, que se celebró el 25 de julio de 2007, cuando se notificó a la sala que no había sido encontrada.