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El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Alphonso Jackson, que está siendo investigado por favoritismo, anunció hoy su dimisión cuando el sector inmobiliario atraviesa una grave crisis y miles de familias corren el peligro de embargo de sus viviendas.

Jackson anunció hoy que su renuncia tendrá efecto el 18 de abril, y explicó que tomó esta decisión porque necesita tiempo para atender asuntos personales y familiares.

Las autoridades investigan denuncias de que Jackson favoreció a algunos contratistas en negocios con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano durante los últimos dos años. A comienzos de marzo, los senadores demócratas Patty Murray y Christopher Dodd enviaron una carta al presidente George W. Bush instándole a que pidiera a Jackson su dimisión, debido a las acusaciones de irregularidades que afrontaba.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano maneja la Administración Federal de Viviendas, que asegura las hipotecas a personas de bajos ingresos y personas que compran su primera casa.

Los demócratas, que tienen ahora mayoría en ambas cámaras del Congreso, han propuesto que esa institución desempeñe un papel más amplio en la solución del problema de las hipotecas de alto riesgo, y el peligro de embargo que afrontan numerosos propietarios.

Acusado de mala gestión 

Las relaciones de Jackson con los demócratas han sido malas durante años y el funcionario ha sido criticado por la manera en que su ministerio respondió a las necesidades de vivienda después que el huracán 'Katrina' devastó la costa de Luisiana y Misisipi.

Pero el principal problema judicial de Jackson se encuentra en el estado de Pensilvania, donde tiene una investigación abierta.
Las autoridades de vivienda de Filadelfia iniciaron una querella judicial en la que alegan que el Departamento de la Vivienda intentó sancionar a la agencia municipal porque ésta no aceptó como contratista a un amigo de Jackson.

Ya en 2006, la Inspección General del ministerio de Vivienda investigó si existía favoritismo en la concesión de contratos, después de unas polémicas declaraciones de Jackson en las que sugería que la filiación política de los aspirantes podría influir en la elección de las empresas subcontratadas.
Tras esta investigación, no se encontraron pruebas de irregularidades.