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El presidente de Colombia, Álvaro Uribe ha firmado un "mecanismo expedito" para alcanzar un acuerdo humanitario mediante el cual permite la excarcelación de presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a cambio de la liberación de los secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, según ha informado el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo.

Según informó Unión Radio, Restrepo ha explicado que el acuerdo "consiste en que el único requisito para que se realice el acuerdo humanitario es la liberación de los secuestrados". El Alto Comisionado ha asegurado que si el grupo armado cumple con la liberación de  Betancourt y las otras 39 personas que mantienen en condición de canjeables o las más de 700 que mantienen secuestradas, para que "un número singular o plural" de rebeldes presos sean excarcelados. El gobierno colombiano se ha comprometido a proceder  "de manera inmediata a solicitar a las autoridades judiciales la suspensión condicional de la pena de los miembros del grupo armado, de tal manera que ellos puedan recibir el beneficio de la excarcelación", aseguró Restrepo.

Deberán portarse bien 

Los insurgentes pueden estar imputados o condenados incluso por crímenes que no sean susceptibles de amnistía o indulto, pero el gobierno advierte de que quienes quieran el beneficio de la suspensión condicional de la pena, deberán dejar la lucha armada.
"Automáticamente deben comprometerse a un buen comportamiento, y no volver a delinquir: es un compromiso que se mantiene, básico, propio del Estado de Derecho", aclaró el comisionado de Paz.

Restrepo dijo que el decreto , el número 880 del 27 de marzo del 2008, firmado por Uribe tiene como fundamento un artículo legal del 2005, en virtud del cual el Ejecutivo da por entendido que se ha llegado a un acuerdo humanitario cuando el grupo armado ilegal ponga en libertad a secuestrados.

Una vez que se produzca la liberación, el presidente o el alto comisionado para la Paz, enviará a las autoridades judiciales competentes los nombres de los presos que pueden recibir el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
La urgencia del caso es tal que el mismo decreto establece que por el interés superior de la paz, los nuevos procedimientos para el acuerdo se gestionarán de manera preferente.
"Creemos que queda establecido todo el soporte jurídico para el acuerdo humanitario y hemos reducido al máximo los requisitos", añadió Restrepo, y subrayó que "basta simplemente con que, de manera inmediata, la doctora Íngrid Betancourt sea liberada para nosotros considerar que el acuerdo humanitario se ha realizado".
El funcionario admitió que "nuestro interés, por supuesto en primer lugar, es la salud" de esta rehén, en cautividad desde el 23 de febrero del 2002.
 

Con esta norma, el Ejecutivo de Uribe busca superar los obstáculos que le han impedido asumir la negociación del acuerdo humanitario al que las FARC condicionan la puesta en libertad de las 40 personas que pretenden canjear por medio millar de presos.