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Los ‘smart contracts’, la realidad virtual o el envejecimiento demográfico

Los ‘smart contracts’, la realidad virtual o el hecho de contar con una población cada vez más envejecida son algunos de los retos que identifica el informe ‘Abogacía Futura 2021: Prospectiva de un negocio emergente’, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con la Mutualidad de la Abogacía y Braintrust y que se ha presentado este miércoles en Madrid.

El texto, compuesto a su vez por siete informes monográficos, aborda las principales áreas de futuro del negocio jurídico, que se centran principalmente en el desarrollo tecnológico, proporcionando las claves de actuación sobre los mismos en la práctica profesional.

El informe se dirige a toda la abogacía, ya que “debe permanecer atenta a los cambios y transformaciones profundas que se están produciendo en la sociedad para seguir siendo una pieza fundamental en los nuevos escenarios”, según ha informado el Consejo General de la Abogacía Española en un comunicado.

En este sentido, la presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, ha señalado que muchas veces se incurre en el error de ver la transformación tecnológica como “algo lejano”, cuando es el presente, a lo que se suma que las leyes siempre van por detrás de los cambios sociales, por lo que ha destacado este informe como una herramienta más para “intentar ir por delante”.

LA “REVOLUCIÓN” DEL ‘BLOCKCHAIN’

Uno de los ámbitos que menciona el informe es la tecnología ‘blockchain’ o de cadena de bloques –vinculada a las criptomonedas–, que a su vez ha propiciado el surgimiento de los ‘smart contracts’ o contratos inteligentes, un protocolo informático que permite verificar y hacer cumplir lo pactado de manera automática.

El Consejo General subraya que las tres principales criptomonedas tienen un volumen de más de 120 millones de dólares en circulación y que el mercado global de ‘smart contracts’ alcanzará los 300 millones de dólares a finales de 2023, mientras que en España se han observado cada vez más casos de implantación de estas tecnologías.

La Abogacía ha indicado que esta tecnología ha supuesto “toda una revolución” porque afecta a las transacciones económicas, los registros públicos o los acuerdos entre dos o más partes y porque hay despachos que ya la usan para comercializar un servicio asociado –como creación y gestión de ‘smart contracts’– o para fines propios.

También ha aludido al llamado Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés), dado que “en España cada vez son más las empresas y entidades públicas que apuestan por la implantación de tecnologías conectadas y lo hacen por dos motivos principales: la automatización de procesos (26%) y la reducción de costes operacionales (24%)”. Y “se estima que estamos solo ante un pequeño anticipo de lo que será el futuro de un mundo hiperconectado”, ha apostillado.

El problema de la IoT, de acuerdo con el informe, son los fallos de seguridad de los dispositivos y los riesgos relativos al almacenamiento y al uso de los datos. Así, el desafío para la Abogacía en este ámbito tiene una doble vertiente: garantizar la privacidad de las personas, por un lado, y conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras, por otro.

RECONSTRUCCIONES EN JUICIOS

Asimismo, ha identificado la realidad virtual y la realidad aumentada, que “han atraído a inversores privados, especialmente en el sector de los videojuegos, pero también en el sector sanitario e industrial”, como otro reto en cuanto a la definición del marco de actuación, sobre todo en materia de protección y privacidad de datos. Además, ha recordado que esta tecnología puede utilizarse para la identificación biométrica o la reconstrucción virtual de los hechos en los juicios.

En el campo de la tecnología, la Abogacía ha contado igualmente a la Inteligencia Artificial (IA), cuyo desarrollo teórico y práctico “no ha corrido en paralelo, hasta ahora, con la generación de una regulación jurídica que establezca el marco y los límites de actuación de las empresas”, y que se ha empezado a usar en los bufetes con ‘chatbots’ o programas informáticos con los que es posible mantener una conversación.

Otros posibles ámbitos de actuación serían la impresión 3D, en lo relativo al buen uso de esta tecnología desde el punto de vista de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y también para hacer réplicas de pruebas criminales en juicio; y las tecnologías médicas, de hecho “en España ya existen despachos de abogados especializados en innovaciones tecnológicas en el campo de la medicina con el objetivo de garantizar los derechos de los pacientes”.

Fuera del desarrollo tecnológico, el informe ve un potencial campo de trabajo ante el envejecimiento de la población, pudiendo llegar a crearse “una línea de especialización integradora de la defensa de los diversos derechos de las personas mayores”.

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