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¿Puede Google eliminar un rastro en Internet que afecte al 'comando Vizcaya'? Este medio se ha puesto en contacto con la compañía y la respuesta ha sido contundente: “Nosotros no hablamos de casos concretos”.

De hecho, nos han remitido al denominado 'Consejo Asesor de Google sobre Derecho al Olvido', formado por distintos expertos en la materia encargados de analizar y debatir sobre diversos casos con el objetivo de alcanzar un consenso común que marque el método de actuación de la empresa. Este comité de expertos se creó precisamente a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión de Europea en favor del 'derecho al olvido', que desbordó a Google por todas las peticiones recibidas.

El TJUE falló que las personas tienen derecho a solicitar que se eliminen de los resultados de búsqueda aquellos datos que incluyan sus nombres si se revelan “inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos”.

“Lo que ocurre es que en muchos casos la manera de aplicar la Ley es más compleja y dificultosa por lo que acontece al caso en sí y por ello se creó un comité encargado de analizar las peticiones que reciben en relación al derecho al olvido”.

Por tanto, nos surge una pregunta: ¿Google no entra ni sale en la decisión de borrar el rastro digital de unos terroristas amparándose en el derecho al olvido?

“No es que no entremos ni salgamos en ese tema, es que se ha creado un comité de expertos independientes que son los que están especializados en determinadas áreas para analizar cada uno de los casos y dentro de ese comité hay dos personas de Google, que son Eric Schmidt y David C. Drummond”.

Precisamente Eric Schmidt, presidente ejecutivo de la compañia, es uno de los miembros más destacados del comité, en el que también se encuentran el creador de Wikipedia, Jimmy Wales, la directora de redacción del periódico francés 'Le Monde', Sylvie Kauffmann, el ex director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar, o el ex ponente de Naciones Unidas, Frank La Rue. La otra persona de Google es David C. Drummond, vicepresidente senior de desarrollo corporativo y director general de asuntos jurídicos.

Este grupo de expertos ha realizado distintas reuniones públicas en las principales ciudades europeas para escuchar a expertos invitados y discutir sobre aspectos que afectan precisamente al marco legislativo. La primera fue en Madrid el pasado 9 de septiembre y han concluido este martes 4 de noviembre en el congreso celebrado en Bruselas.

En ese sentido, apunta que los dos objetivos de este comité son, por un lado, “indicar a Google qué procesos, políticas y principios debería seguir para llegar a un equilibrio entre el derecho de privacidad de los usuarios y el derecho de información” y, por otro, “contribuir en la evolución del debate sobre qué soluciones son las más apropiadas para acercarse al debate sobre conocer y poder olvidar en la era de la información”.

En definitiva, desde Google afirman que para poder tramitar todas las solicitudes que les llegan crean este comité que permite “hacer eso de la manera más independiente posible”, ya que “Google no tiene potestad absoluta de retirar información del buscador”.

“EN BUSCA DEL EQUILIBRIO”

En un artículo escrito por David Drummond en El País, el pasado 11 de julio de 2014, bajo el título 'En busca del equilibrio', el experto de Google analiza la situación y reconoce que desde esta compañía “hemos designado a un equipo de personas que revisan cada solicitud y en la mayoría de los casos disponen de poca información y contexto”. Y que la dificutad radica en, precisamente, encontrar un equilibrio.

“Alguien solicita que se oculte información mientras otros podrían alegar que debería estar a disposición del público”, apunta.

En cuanto a las eliminaciones, recuerda en dicho artículo: “Estamos velando por ser transparentes en lo que respecta a las eliminaciones: informamos a los administradores cuando eliminamos la entrada de su página web pero no podemos concretar por qué lo hemos hecho, ya que podríamos vulnerar los derechos de privacidad de la persona a tenor de la sentencia del Tribunal”.