Representantes de la red de organizaciones Plena Inclusión se reunieron esta mañana con el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, para garantizar una desescalada segura en los servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Un grupo de expertos de Plena Inclusión elaboró un documento, que se ha hecho llegar al Gobierno de Pedro Sánchez y al Cermi, con propuestas que orientan una recuperación con seguridad de la actividad de los servicios que atienden a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, según informa la red en un comunicado.
El objetivo es que el Ejecutivo, en su planificación, tenga en consideración las necesidades y especiales características de este colectivo numeroso, que agrupa más de 470.000 personas en todo el país, de población “especialmente vulnerable”.
Desde Plena Inclusión se sugirió al Gobierno potenciar planes de contingencia, así como el rediseño, a medio plazo, de los servicios que se están prestando. Además, entre otras medidas solicita la garantía de provisión de EPI y propone: un estudio de aforos adaptados a la situación, la posibilidad de suspensión temporal de actividades, una necesaria flexibilización de horario, el refuerzo financiero del apoyo público y un aumento de ratios y plantillas
En datos, en los 1.016 centros residenciales, entre residencias y pisos tutelados, de Plena Inclusión han fallecido hasta hoy 165 personas, 1.839 se han contagiado del Covid-19 y 2.782 tienen síntomas, pero “sin que se les haya hecho el test”, situaciones que consideran “fuentes de preocupación”.
“Nos hemos visto obligados como personas, familias y organizaciones a dar respuestas muy rápidas y radicales que han sido costosas para toda la población, pero con especial padecimiento para las personas y colectivos más vulnerables”, destacó el presidente de la de Plena Inclusión España, Santiago López.
Plena Inclusión España, una confederación de 935 entidades que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral y sus familias, gestiona cerca de 4.000 centros y servicios. En estos dispositivos se atiende a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en ellos trabajan 40.000 profesionales que cuentan con el apoyo de 8.000 personas voluntarias.
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