La residencia pública de mayores del barrio madrileño de Usera en la que la Unidad Militar de Emergencias (UME) halló muerto hace días a un anciano por Covid-19 fue adjudicada por la Comunidad de Madrid de manera «anormal o desproporcionada” al otorgarla a una empresa que ofreció un precio excesivamente bajo y que acumula sanciones por «deficiencias» relacionadas con la gestión médica de los internos atendidos.
Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso Servimedia sobre la adjudicación y explotación de la Residencia, centro de día y pisos tutelados Usera a la empresa SARQuavitae en mayo de 2012, que actualmente opera como Domus Vi, así como a las diversas sanciones a las que han tenido que hacer frente desde entonces.
En la relación de ofertas económicas que se presentaron en aquel momento consta que la propuesta de esta compañía ascendió a 9.644.651,89 euros, la más baja de todas las presentadas por las diferentes sociedades que se presentaron al concurso. Además, fue sancionada 2014 “por deficiencias en el seguimiento médico y en los cuidados de enfermería” a pagar una multa de más de 5.000 euros, en 2015 tuvo que pagar más de 9.500 por “error en la administración de medicación” y, finalmente, en 2018 fue penalizada con más de 3.200 euros por falta de personal médico.
La adjudicación se produjo seis meses antes de que Esperanza Aguirre dimitiese como presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando el consejero de Política Social y responsable último de la adjudicación era Salvador Victoria. Tras la dimisión de Aguirre en septiembre de 2012, Victoria fue nombrado por Ignacio González nuevo consejero de Presidencia y Justicia. Finalmente, Victoria dimitió en 2015 tras ser imputado en el ‘caso Púnica’.
Para adjudicar esta residencia de ancianos, el presupuesto base establecido por la Comunidad de Madrid fue de 12.012.500,55 euros. Esta era la cantidad máxima que podía gastarse la Comunidad de Madrid y, además, servía de referencia para las ofertas de las compañías. Al presentar sus proyectos, todas aseguraron que podían gestionar el centro por una cantidad inferior.
SIETE OFERTAS MÁS ALTAS
Durante el proceso de adjudicación de la residencia de ancianos pública de Usera se valoraron las ofertas de siete empresas, y todas eran sensiblemente más caras que la de SARQuavitae, como explica el propio secretario de la Mesa encargada de la adjudicación, José Navarro Vicente.
La media de las otras seis ofertas superaba los 10,7 millones de euros: la más elevada la realizó la empresa Eulen por 11.550.481,30 euros, mientras que la segunda más baja (solo por detrás de la actual Domus Vi) fue la que presentó Geriatros por 10.395.433,17 euros.
La diferencia entre la oferta de SARQuavitae y la segunda más barata fue de más de 750.000 euros. No obstante, el criterio fundamental para adjudicar la residencia de ancianos era el precio: de los 100 puntos que podía obtener cada compañía, 90 serían para la más barata.
“La oferta de SARQuavitae puede considerarse con valores anormales o desproporcionados”, por lo que “se dará audiencia al licitador para que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma”, indicó Navarro Vicente en el documento donde se recogían todas las ofertas y ya se sospechaba de una propuesta temeraria a la baja. Es decir, que cuando la Comunidad detectó que la propuesta de la empresa era excesivamente baja, pidió más datos a la compañía para aclarar cómo podría gestionar la residencia de ancianos con ese presupuesto.
Formalmente, la ley de Contratos del Sector Público no impide que la Administración adjudique un contrato en lo que se conoce como “baja temeraria”, en línea con lo que sucedió en este caso entre la Comunidad de Madrid y SARQuavitae. Cuando la Mesa de contratación detecta este tipo incidencias, pide a la empresa que lo justifique en una audiencia. Si la compañía convence a la Administración, esta emite un informe favorable y autoriza la concesión.
Para determinar qué propuestas son “anormalmente” bajas, la Administración hace la media de todas las ofertas, y si la más barata se distancia más de siete puntos porcentuales de ese promedio (la ley vigente en este momento lo cifra en diez), se considera que la propuesta puede ser “anormal o desproporcionada”. En este caso, la diferencia fue de 8,8 puntos porcentuales, lo que se traduce en 933.580,24 euros.
Desde la adjudicación, este contrato ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, tal y como permitía desde el inicio el pliego si ambas partes seguían conformes y «hasta un máximo de 21 años». Primero se aplicó para el periodo 2012-2015, después para 2015-2016, a continuación para 2016-18, posteriormente otra vez para 2018-2019, y actualmente está en vigor la cuarta prórroga hasta el 15 de abril de 2021.
MULTA POR FALTA DE PERSONAL
A lo largo de su actividad, la Comunidad de Madrid ha sancionado a la empresa en al menos tres ocasiones por su gestión de esta residencia de Usera, y una de ellas fue por falta de personal.
El 25 de septiembre de 2018, un inspector de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor visitó el centro y comprobó cómo solamente había un médico trabajando en la residencia, en horario de ocho de la mañana a ocho de la tarde, con una hora para comer.
La Administración entendió que con un único médico trabajando 11 horas al día no se cumplían los pliegos del contrato, que aseguraban expresamente la “asistencia médica continuada todos los días del año durante los turnos de mañana y tarde”, aunque no precisaban el número de médicos que debería haber presentes.
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas, al que ha tenido acceso Servimedia, se impuso una multa del 1% del resultado de dividir por 36 el precio de la licitación (que la Comunidad de Madrid fijó en 11.550.481,30 euros) si faltaba personal. Por lo tanto, la multa por contar con menos personal del obligatorio fue de 3.208,47 euros.
Las otras dos sanciones se interpusieron en 2014 y 2015 por deficiencias en los cuidados de enfermería y por un error a la hora de suministrar la medicación, respectivamente. La primera multa fue de 5.133,54 euros y la segunda de 9.625,40.
Estas multas son sensiblemente más bajas que la cantidad de dinero que se ahorró la empresa respecto a sus competidores, pues el proyecto estaba 933.580,24 euros por debajo del límite que marcaba la ley.
11 EUROS AL DÍA POR RESIDENTE
El informe que firmó el director general del Mayor en 2012, José Ramón Menéndez Aquino, para poder adjudicar la residencia de ancianos con ese presupuesto “anormal” recoge las explicaciones que dio la empresa.
Este documento, que no llega a ocupar dos páginas y se firmó el 27 de abril de 2012, incluye la relación de gastos que propuso SARQuavitae: “Los importes de 4,92 euros plaza/día para los de atención directa a los usuarios y 6,15 euros plaza/día para los de atención indirecta resultan equilibrados en relación a la estimación del coste de gestión de la memoria económica”.
En resumen, la compañía ofreció una descripción detallada de sus gastos, reduciéndolos al coste por usuario y día, y señaló que gastaría un total de 11,07 euros cada jornada por residente al sumar los “costes directos e indirectos”.
A estos gastos habría que sumarle los costes de personal, que contemplaban un incremento salarial del 0,2% en 2012 y 2013 y del 2% para los dos años siguientes. Con estas cantidades, la empresa debería dar servicio a 200 personas: 160 residentes, a 40 usuarios en el centro de día y a 100 más en los pisos tutelados. Entre los servicios que se ofertan se incluye el alojamiento, la manutención, atención psicológica, rehabilitación, peluquería, podología o servicios funerarios.
Menéndez Aquino consideró que estos gastos resultaban “equilibrados en relación a la estimación del coste de gestión de la memoria económica”. El párrafo final del informe asegura que “se estima viable la descripción de gastos efectuada” y considera que “se mantiene el equilibrio entre los distintos tipos de gastos y especialmente los de personal”. Por todo ello, la Comunidad de Madrid decidió que SARQuavitae, “con la oferta presentada, puede hacer frente a las necesidades del contrato”.
UN NEGOCIO DE MILES DE MILLONES DE EUROS
SARQuavitae, que actualmente opera bajo el nombre Domus Vi, forma parte de un entramado societario internacional donde se entremezclan varios fondos de inversión, es decir, instituciones que se dedican a invertir dinero para obtener rentabilidad.
La transformación comenzó a finales de 2010, cuando la CNMC autorizó la compra de Mapfre Quavitae por SAR Servicios a la Dependencia. Cuatro años después de esta compra, en 2014, el fondo de inversión francés PAI Partners (dueño de Cortefiel, B&B Hoteles, de una embotelladora de refrescos…) mostró su interés en el negocio de las residencias de ancianos. En 2015 adquiere Geriatros, otra empresa de centros de mayores con origen gallego y, finalmente, en 2016, se hizo con el control de SARQuavitae.
El fondo fusionó las compañías en enero de 2017 creando Domus Vi, la empresa matriz que controla residencias en España, Francia y China. Apenas medio año después de terminar la fusión, PAI Partners vendió DomusVi por 2.364 millones de euros.
La adquisición le había costado 639 millones, según aparece en la página web del fondo, por lo que la institución obtuvo un beneficio de 1.725 millones de euros. Los compradores fueron otro fondo de inversión, ICG, y SRS, la empresa del propio fundador del grupo Domus Vi, Yves Journel.
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