El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plena Inclusión y la Confederación Aspace han celebrado que el Pleno del Senado haya aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Ciudadanos que plantea modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para incorporar la regulación de la accesibilidad cognitiva en el Estado español.
De esta forma, se inicia el trámite parlamentario para incorporar esta dimensión de la accesibilidad universal en la Ley General de Discapacidad, para cumplir así uno de los mandatos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de obligado cumplimiento por parte de los Estados que lo han ratificado, entre los que se encuentra España.
Tras la toma en consideración, que tuvo lugar este miércoles, el texto legal pasará al Congreso de los Diputados, donde se tramitará como proposición de ley, con posibilidad de enmiendas, aprobación en Comisión y Pleno, y remisión al Senado. Finalmente, quedaría aprobada, salvo que la Cámara Alta introdujera enmiendas, en cuyo caso regresaría la proposición de ley a la Cámara Baja para volver a someterse a debate y votación definitiva.
El Cermi y Plena Inclusión agradecieron el apoyo de las fuerzas parlamentarias y reclamaron que se tramite el texto con la máxima celeridad, pues permitirá avanzar en el objetivo de remover obstáculos para una mayor participación e inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
“La accesibilidad universal es una realidad evolutiva que va ampliándose y perfeccionándose conforme a las demandas sociales, transformación que ha de tener su reflejo en la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad, que ha de ir acompasándose a los nuevos horizontes y requerimientos de la accesibilidad”, añadieron ambas entidades.
ESTRATEGIAS
La proposición de ley, impulsada por el sector de la discapacidad, propone un plazo de dos años para la aprobación de un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva para introducir medidas que hagan que bienes, servicios y entornos sean más accesibles para toda la población al tener en cuenta a las personas que tienen dificultades cognitivas.
Es el caso, por ejemplo, de gran parte de las personas con parálisis cerebral, ya que, según la Confederación Aspace, el 80% de ellas tienen grandes necesidades de apoyo en todos los ámbitos de la vida, el 50% tiene discapacidad intelectual y un 25% cuenta con dificultades para la comunicación oral aun conservando sus habilidades cognitivas.
Además, la norma implicaría la creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva.
La accesibilidad cognitiva facilita el uso y la comprensión de entornos, productos, servicios o procesos como medios de transporte, libros o aplicaciones para teléfonos móviles. La norma beneficiará a todas las personas, pero especialmente a personas con dificultades de comprensión como personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, autismo, parálisis cerebral, trastornos de salud mental, personas analfabetas adultas o migrantes que no conocen el idioma, entre otras.
Existen diversas estrategias para favorecer la accesibilidad cognitiva, como la lectura fácil (sobre la que España cuenta con la primera norma del mundo), los pictogramas, la mejora de la orientación en entornos, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y otras tecnologías similares.
La ley beneficiará a una gran parte de la población, ya que en España hay 268.633 personas con discapacidad intelectual, 481.544 personas con trastornos de salud mental y 8.657.705 personas mayores. Se calcula que la población que necesita la accesibilidad cognitiva es una de cada tres personas.
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