El ‘números dos’ de Derechos Sociales, a favor de que el IMV recoja las propuestas del Cermi

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, se mostró partidario este martes de que las propuestas del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de Plena Inclusión respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incluyan en el proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria.

En el encuentro ‘Las lecciones aprendidas en lo social durante la crisis por Covid-19’, que organizaron hoy Plena Inclusión y la agencia de noticias Servimedia, Álvarez reclamó que las demandas del sector de la discapacidad «se tengan en cuenta» en el trámite de enmiendas del IMV.

El secretario de Estado se refirió a la necesidad de incorporar una protección reforzada de las personas con discapacidad, en términos similares a la que ya se prevé para las familias monoparentales y los hogares con menores a cargo.

Ésta es una de las demandas que Cermi planteó al Congreso, entre las que también figuran suprimir la exigencia de plena capacidad de obrar para ser titular del ingreso; permitir que la nueva prestación sea compatible con las ayudas residenciales; que los perceptores de pensiones no contributivas de incapacidad puedan optar entre una ayuda y otra; y vigilar que la reforma de las prestación por hijo a cargo no perjudique a algunas familias con menores discapacitados.

«NO SUPONE UN SOBRECOSTE»

Según Álvarez, «a través del trámite de enmiendas que ahora comienza, se abre una oportunidad para avanzar y mejorar» en el diseño de la nueva prestación. De hecho, el ‘número dos’ del vicepresidente Pablo Iglesias admitió que «algunos aspectos pudieron quedarse sin desarrollar de manera suficiente» por la rapidez con que se aprobó la medida. Sin embargo, destacó que «ahora tenemos la oportunidad de mejorarlo» e incluir esta dimensión de la discapacidad.

«No supone un sobrecoste», añadió Álvarez, puesto que considerar a las familias con miembros discapacitados de manera similar a las monoparentales «no implicaría un aumento importante del gasto». «No sería cuestión económica», sino de tener en cuenta el verdadero impacto de la discapacidad, declaró.

SERVIMEDIA