El Grupo Social ONCE propone nuevos criterios en la cooperación internacional para no dejar fuera a las personas con discapacidad en los países de renta media

El vicepresidente Primero del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, subrayó que las personas con discapacidad en América Latina no se han visto beneficiadas del desarrollo económico sucedido en la región durante los últimos años en la misma manera que otros segmentos de la población, y propuso «nuevos criterios» a tener en cuenta en la Cooperación Internacional» que vayan más allá de las consideraciones estrictamente económicas.

Durán hizo esta reflexión durante el evento paralelo en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas organizado por el grupo Social ONCE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bajo el título ‘Los desafíos para las Personas con Discapacidad en los Países de renta Media’, el encuentro buscaba analizar cómo la clasificación de un país como de ‘renta media’ (debido al crecimiento económico) limita su acceso a los mecanismos de financiación internacional y de ayuda oficial al desarrollo, y, «por tanto, impacta negativamente en las condiciones de las personas con discapacidad que viven en ellos».

En su intervención, Durán señaló que “en las últimas décadas, el crecimiento económico en varias regiones como América Latina, África y Asia ha generado lo que se ha denominado graduación de los países en términos de ingresos per cápita, colocando a un gran número de países de estas regiones en la categoría de ingresos medio altos, más conocidos como de renta media». «Sin embargo, este crecimiento no se ha distribuido de forma equitativa y algunos sectores, entre ellos las personas con discapacidad, no se han visto alcanzados por los efectos del desarrollo de sus países en términos macroeconómicos”, puntualizó.

A su juicio, ”debemos avanzar en la formulación de nuevos criterios que contemplen dimensiones sociales y de derechos humanos, tanto para la ayuda oficial al desarrollo como en otros instrumentos de financiación internacional».

Por ello, animó a los grandes donantes a tener en cuenta estos aspectos y a desarrollar programas transversales y sectoriales más allá de las condicionantes macroeconómicas.

En esa misma línea, Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto de Cepal, afirmó que “la graduación a un país de ingresos medios no es siempre algo a celebrar, porque compromete la capacidad de movilizar recursos externos que son necesarios para complementar los nacionales. además, el ingreso per cápita no refleja el desarrollo social de los países”, agregó.

En su opinión, “los ODS no son sólo para los países en vías de desarrollo, sino para todos los estados».

De ahí que debamos «revisar el concepto de países de renta media», propuso la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas.

Esta consideración implica que dichos estados no se puedan «beneficiar de los recursos puestos a disposición por la comunidad internacional para los que están en situación de más desventaja”, e invitó a reflexionar sobre cómo la cooperación debe reformular sus estrategias y “abogar por la participación directa de las personas con discapacidad como beneficiarios y agentes de los procesos de cooperación”, como impone el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Debemos invertir en creación de capacidad y establecer alianzas estratégicas con los sectores para asegurarnos que avanzamos en la cooperación internacional inclusiva con las personas con discapacidad», reclamó.

REPENSAR LA AYUDA

El Banco Mundial realiza una clasificación de los países de acuerdo a sus ingresos per cápita, situándoles en cuatro categorías: Bajos ingresos, ingresos medio bajos, ingresos medio altos e ingresos altos. Sobre esta escala se estructuran la estrategia global de ayuda oficial al desarrollo y los diversos mecanismos de financiación internacional, por lo que el ascenso de un estado a la clasificación de «renta media» puede hacerle perder recursos de la cooperación internacional, especialmente necesarios para los colectivos más vulnerables de su población.

Esta situación se ha visto además agravada por la crisis de la Covid19, que ha evidenciado las desigualdades que aún persisten en estas regiones.

De hecho, de los 70 millones de personas con discapacidad que viven en AMérica latina, el 80% se encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema.

Por ello, Durán reclamó «un análisis transversal que, sobre la base del desarrollo económico, preste atención a otros factores que inciden en el desarrollo humano».

«Así como los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también contienen estos principios», afirmó.

Su realización «será posible cuando se alcancen para todas las personas y en todos los territorios y cuando el lema ‘que nadie quede atrás’ sea una realidad», concluyó.

El evento contó además con la participación de Mónica Silvana González, eurodiputada miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, y Vladimir Cuk, director ejecutivo de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) y co-presidente de la Alianza Global sobre Discapacidad (GLAD).

Según González, la Unión Europea debe tener un enfoque más holístico en los principios de la programación en el nuevo instrumento de cooperación. «Debe enfocarse en las personas con más necesidades, no en los países más necesitados».

Por su parte, Cuk destacó que «un mundo pos pandémico no puede ser como era, ya que se necesitan compromisos nuevos respecto a los derechos humanos».

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