El Consejo de Ministros aprobó este martes el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, con el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comentó que el Ejecutivo ha adoptado esa declaración por «justicia climática» entre países y territorios, así como entre generaciones; por «futuro» para que la sociedad sea cada vez más inclusiva, y por «responsabilidad» porque no actuar contra el cambio climático es «enormemente regresivo» desde el punto de vista social y «enormemente costoso» tanto económica como ambientalmente.
Ribera indicó que, con ello, el Gobierno se alinea con la UE, bancos de desarrollo, organizaciones internacionales, científicos y jóvenes, que reclaman «actuar con urgencia» contra el cambio climático, y atiende la petición que lanzó una amplia mayoría del Congreso de los Diputados el pasado septiembre. «Esta declaración debe inspirar todas las políticas públicas», sentenció.
Subrayó que la iniciativa llega en «un contexto de grandes cambios asociados a riesgos económicos y sociales» por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como las dos amenazas de mayor magnitud para la economía global, o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.
El Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas, enviar al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, definir la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y crear una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
PRIMEROS COMPROMISOS
Las cinco primeras medidas se materializarán en los primeros 100 días de acción de Gobierno, a través de un marco regulatorio que inspirará al resto de acciones.
El Gobierno se compromete llevar al Parlamento un proyecto de Ley de Cambio Climático que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la descarbonización de la economía y de la sociedad.
También definirá una senda de descarbonización a largo plazo de España que asegure el objetivo de neutralidad climática como muy tarde en 2050 y presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Igualmente, pondrá en marcha una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes, e impulsará la transformación del modelo industrial y del sector servicios mediante convenios de transición justa y de medidas de acompañamiento.
Junto a esas primeras medidas, la Declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública frente a la emergencia climática y ambiental. Así, se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud.
En estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
El acuerdo aboga por políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás por estos cambios y en sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética con el fin de generar nuevo empleo verde. Así, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.
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