El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, se ha mostrado partidario de promover «la desinstitucionalización» de las personas mayores, con discapacidad o sin hogar e impulsar la ‘vivienda normalizada’ en su lugar.
Así lo dijo durante un encuentro online sobre las ‘Lecciones aprendidas en lo social durante la crisis por Covid-19’, organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a Plena Inclusión.
En su intervención, Álvarez se comprometió a avanzar hacia un modelo en el que las grandes residencias se vayan sustituyendo por «viviendas normalizadas» en la comunidad, donde «se garanticen los apoyos individualizados» que estas personas necesitan.
Según señaló, «esta es la opción que toda la investigación social revela como más eficiente y útil». Explicó que la crisis causada por la pandemia de Covid-19 «lo ha puesto de manifiesto aún más» pero «la situación ya se arrastraba de antes».
En este sentido, Álvarez declaró que «la dependencia necesita en este país un empujón muy importante» y ese «primer empujón tiene que ser financiero». Resaltó que «la gran apuesta de hace 15 años adolece de infrafinanciación» y destacó el compromiso de PSOE y Unidas Podemos en su programa electoral de volver a los niveles de financiación comprometidos en la ley.
Sin embargo, prosiguió, no es cuestión «solo de dinero, sino de avanzar hacia un modelo distinto». Citó como ejemplo algunos proyectos pioneros puestos en marcha por Plena Inclusión y por Hogar Sí, consistentes en la promoción de viviendas tuteladas para personas con discapacidad y personas sin hogar.
En esta línea, José Manuel Caballol, director de Hogar Sí, afirmó que la crisis del Covid-19 ha puesto en evidencia que «el mayor ‘inclusor’ social no es el empleo, sino la vivienda». «Disponer de una casa nos ha permitido aislarnos, teletrabajar y mantener la educación de nuestros hijos durante el confinamiento», apuntó.
También facilita tener empleo, «cuando actualmente el trabajo ya no asegura salir de la pobreza», e incidió en que esta crisis ha demostrado que «el modelo institucional estaba agotado».
REPENSAR EL MODELO
A su juicio, «mantener a la gente en grandes instituciones tiene sentido cuando hablamos de acciones puntuales limitadas en el tiempo». «Un hospital funciona muy bien», expuso a modo de ejemplo, pero «se parte de la base de que nadie se va a quedar allí a vivir».
Por eso, es necesario hacer una transición desde el sistema de grandes residencias hacia otro de viviendas normalizadas, donde las personas puedan «estar en su comunidad, con los apoyos precisos». «Y no es más caro, antes al contrario», apuntó.
Caballol resaltó que durante el estado de alarma, «solo entre marzo y mayo», se crearon 7.300 plazas para personas sin hogar. De estas, el 91% fueron en grandes residencias, el 8 % en hoteles y menos del 1% en viviendas normales, detalló. El coste de alguna de estas plazas excedía los 134 euros por día, explicó, «y lo peor de todo es que, una vez pasados estos dos meses, desaparecieron sin generar ningún aprendizaje».
Subrayó que «si en octubre vuelve a haber otro confinamiento a gran escala, habrá que volver a crear esas 7.300 plazas que, en su opinión, «han tenido un gran sobrecoste y no han servido para aprender nada».
«Desde Hogar Sí creemos que el gobierno ha demostrado un gran liderazgo en lo social durante la pandemia, con lo que «le hacemos un llamamiento para que lidere esa transición desde los grandes albergues a modelos basados en viviendas normalizadas», insistió.
Por su parte, la profesora de la Universidad de Salamanca Patricia Navas destacó un estudio que se está realizando desde el Inico (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad), del que ella forma parte, sobre la necesidad de modificar y repensar los servicios que se prestan a las personas con discapacidad intelectual.
«Una de las lecciones que nos podemos llevar de esta crisis es la necesidad de repensar los modelos de prestación social. Tenemos una oportunidad para decidir qué tipo de vida queremos darles a estas personas», señaló Navas.
En su opinión, «resulta muy preocupante este nuevo discurso que hace tanto hincapié en la medicalización de las residencias», pues «a nadie le gustaría vivir en algo que parezca más un hospital que una casa».
NUEVA CONVIVENCIA
Ignacio Alvarez admitió estas necesidades y se comprometió a reformular el modelo de atención social, en línea con la petición del director de Plena Inclusión España, Enrique Galván, quien subrayó que «tenemos una revolución pendiente del modelo de convivencia».
«No puede ser que todos los días saquemos en autocares de nuestros barrios a las personas con discapacidad intelectual o a las personas sin hogar» para que «pasen el día fuera y luego vuelvan por la noche. Hemos de evolucionar hacia una sociedad en la que podamos vivir todos juntos», concluyó.
SERVIMEDIA
