El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó este lunes en el Fórum Europa que la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado supondrá que, en lugar de ser 22 ministros, “que ya son muchos”, habrá 23, “que es demasiado”.
Así lo indicó durante su intervención en este encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, después de que se conociese que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá mañana martes en el primer Consejo de Ministros el nombramiento de la exministra de Justicia como nueva fiscal general del Estado, tras su salida del Ejecutivo en favor de Juan Carlos Campo.
Delgado sustituirá a María José Segarra, quién lleva en el cargo sólo desde el 29 de junio de 2018 y podría estar hasta cuatro años. Cabe recordar que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno oído al Consejo General del Poder Judicial, según en el artículo 124 de la Constitución.
ESCRIVÁ EN EL GOBIERNO EQUIVOCADO
Respecto al nombramiento de José Luis Escrivá, con quien Almeida coincidió en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), como nuevo ministro de Seguridad Social, Almeida le deseó “la mejor de las suertes”.
En este sentido, el regidor madrileño comentó que tiene “la mejor opinión” sobre Escrivá, de quien destacó que es una persona “muy capaz y cualificada”, pero lamentó que “ha aterrizado en el Gobierno equivocado”.
ABOGACÍA DEL ESTADO-JUNQUERAS
Respecto a la injerencia de la Abogacía del Estado en el caso de Oriol Junqueras, Almeida, abogado del Estado, presumió de haber dedicado los mejores años de su juventud a preparar dicha oposición, al igual que sus compañeros.
A este respecto, el alcalde de la capital aseguró que “ningún Gobierno podrá corromper ni destruir esa vocación de servicio público, por mucho que intenten manosear”.
Por ello, mandó un mensaje de ánimo a todos sus compañeros que prestan servicio en la Abogacía del Estado “para que sigan en la misma línea” y demandó a Pedro Sánchez “que saque sus sucias manos de la Abogacía del Estado”.
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