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Según esta entidad, «la situación en las residencias y en los propios hogares es insostenible debido a la falta de equipos de protección para asistentes personales y cuidadores, lo que dificulta el trabajo de los profesionales y aumenta la falta de personal».

Vidas Insuperables

Si Plena Inclusión España puso en el foco mediático la situación de las 17.000 personas con discapacidad intelectual que hay en residencias y pisos tutelados, hoy la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, ha pedido al Gobierno prioridad en la atención a las personas con discapacidad y a los mayores durante la pandemia.

«La situación en las residencias y en los propios hogares de estos colectivos es insostenible debido a la falta de equipos de protección para asistentes personales y cuidadores, lo que dificulta el trabajo de los profesionales y aumenta la falta de personal. Muchas personas mayores o con discapacidad que están solas en sus casas, sin sus asistentes personales y otro personal de ayuda, que están dejando no pueden trabajar por no contar con equipos de protección o han enfermado, se van a quedar sin ningún tipo de apoyo», explica Francisco Sardón, presidente de esta entidad.

PREDIF se une así a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de «priorizar absolutamente la atención médica y social a las personas mayores y con discapacidad que viven en residencias y otros centros colectivos, ya son el grupo más expuestos a la pandemia del coronavirus, cuya vida corre un peligro cierto. También a aquellas personas mayores y con discapacidad que residen en sus domicilios pero que reciben apoyos imprescindibles para su vida diaria a través de asistentes personales, programas de autonomía personal o de ayuda a domicilio, entre otros».

Según Predif, «a través de una estrategia nacional urgente, que debe ser aprobada con inmediatez, hay que dotar de todos los apoyos a estos centros, humanos, clínicos y de suministros de prevención y protección, evacuando a recursos clínicos, estables o de nueva creación (hospitales de campaña), a todas las personas en riesgo a las que no se les pueda asegurar su integridad vital si siguen institucionalizados o sin garantía de los recursos precisos cuando residen en sus domicilios. En términos médicos y sociales, no hay nada más prioritario que la población mayor y con discapacidad que reside en centros colectivos, que están sufriendo el mayor impacto de la pandemia».