Madrid, junto a 30 ciudades de toda España, polarizará hoy la atención en un acto reivindicativo de las personas con discapacidad para demandar que la Junta Electoral Central no les “discrimine” a la hora de ejercer su derecho al voto.
Como les contábamos la semana pasada, ante la cercanía de las elecciones, no todo es oro lo que reluce en la noticia histórica del derecho a voto para 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El presidente de Plena Inclusión, Santiago López, ya lo advertía: “Se ha perdido una nueva oportunidad de equiparar los derechos de las personas con discapacidad en el derecho al voto”.
Fuente: Plena Inclusión.
Esta situación de malestar ha derivado en una serie de actos reivindicativos que tendrá su acto principal hoy en Madrid, con la celebración de un ‘mitin’ de líderes con discapacidad intelectual y una pegada simbólica de carteles.
En los actos se denunciará el sentido de la instrucción de la Junta Electoral Central que “discrimina y estigmatiza a un colectivo que votará por primera vez tras la reforma de la LOREG”, explican desde Plena Inclusión.
Desde Guadix a Quart de Poblet y de Mérida a Pamplona. A un mes de las elecciones generales, 30 localidades de España se unirán a este movimiento reivindicativo
Entre los actos programados, se celebrarán desde simulacros electorales, mítines, encuentros con partidos políticos, hasta pegadas de carteles y lecturas de manifiestos.
Programas electorales accesibles
Las acciones forman parte de la campaña “Mi voto cuenta”, que reclama más accesibilidad cognitiva en el proceso electoral y los apoyos necesarios. La campaña celebró en 2018 el cambio de la Ley Electoral que supuso la recuperación del derecho al voto de unas 100.000 personas incapacitadas legalmente, la mayoría personas con discapacidad intelectual.
Sin embargo, las asociaciones consideran que para garantizar el derecho al voto aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la accesibilidad: desde publicar programas electorales fáciles de entender a mejorar la señalización de los colegios electorales.
También señalan que, aunque el derecho legal ya exista, es preciso un cambio de mentalidad, ya que pueden surgir casos de discriminación de personas que les impidan votar. Igualmente, continúan criticando la instrucción de la Junta Electoral Central que anima a los partidos políticos a identificar a las personas con discapacidad que crean que no votan libremente.
