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Covid-19, una nueva barrera para comprar alimentos de primera necesidad para las personas con discapacidad y mayores

Cermi advierte de las dificultades añadidas que los consumidores con movilidad reducida tienen para adquirir productos de primera necesidad durante la pandemia, y pide al Gobierno que regule legalmente que los supermercados prioricen a las personas con discapacidad y mayores en el reparto a domicilio.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Gobierno que, por vía de urgencia, regule legalmente que las grandes cadenas de distribución de productos de primera necesidad (alimentación, higiene personal, parafarmacia, limpieza doméstica, etc.) tengan el deber de servir en el domicilio y, de igual modo, prioricen a las personas mayores o con discapacidad, por las dificultades de realizar las compras por sí mismas al tener dificultades de movilidad.

En una carta dirigida al titular de la cartera de Consumo, el CERMI advierte de que «la pandemia de coronavirus ha ocasionado algunas situaciones de desabastecimiento o de irregularidad en el mismo, y ha intensificado la angustia y el temor de muchas personas con discapacidad y mayores, en momentos terribles de crisis masiva de salud, respecto de la adquisición material, suministro y aprovisionamiento de sus productos de consumo básicos».

El CERMI explica que muchas personas con movilidad reducida encuentran dificultades para poder acudir al supermercado a realizar sus compras y optan, habitualmente, por realizar los pedidos a través de internet o telefónicamente. «Pero con la crisis desatada por el coronavirus, los servicios de estos supermercados de reparto se han visto sobrepasados y se hace muy difícil o imposible utilizar estos recursos que, para personas con movilidad reducida, no son una comodidad o un lujo», explican.

«Devastación causada por la pandemia»

Por ello, la entidad defiende en su escrito que «la devastación causada por la pandemia ha evidenciado las especiales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y las personas mayores en la adquisición de los productos básicos propios del consumidor doméstico, que están a merced de la voluntariedad del comerciante, de su estrategia de entregas, todas con coste agregado, y que no suelen considerar como preferenciales a este tipo de consumidores, pese a su vulnerabilidad objetiva».

«Consideramos que está más que justificado que el Gobierno asuma esta realidad perturbadora, que ahonda la exclusión que viven muchos segmentos de población en nuestro país, y las grandes empresas de distribución tengan que efectuar entregas domiciliarias gratuitas y preferenciales  a los consumidores vulnerables», recalca el CERMI.

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