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En España hay 1.774.800 personas
con discapacidad en edad activa, un 5,9% de la población. Se trata de
un colectivo poco integrado en el mercado laboral (tan solo un tercio
trabaja), con una tasa de abandono escolar del 43,2% y binomios de
multidiscriminación elevados (discapacidad + mujer, discapacidad +
joven, discapacidad + psíquica).

Esta es la realidad a grandes rasgos de la discapacidad en nuestro país, según  los datos publicados en el 'Informe Olivenza 2017, sobre la situación general de la discapacidad en España'.

Este documento ha sido editado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad,
promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, a
través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y
el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y la Universidad de Extremadura.

En el informe se recogen desde
los principales cambios normativos en relación con la discapacidad en el
último año, pasando por los datos del mercado de trabajo, el gasto
público en discapacidad en España y el reparto de las diferentes
prestaciones sociales o la penetración de las tecnologías de la
información y la comunicación en este colectivo.

Empleo: escaso y de baja cualificación

Respecto a la tasa de actividad,
nos encontramos ante un colectivo poco integrado en el mercado laboral,
ya que dos de cada tres personas con discapacidad son inactivos
laboralmente. Si comparamos el dato con la población general, se
establece una distancia de 44 puntos porcentuales.

El análisis de la contratación
evidencia la precariedad de las condiciones del mercado laboral, donde
la temporalidad se constituye como tendencia. En 2016 se realizaron
268.160 contratos a personas con discapacidad, ocupando a un total de
126.225 personas, lo que indica que cada persona fue contratada una
media de 2,12 veces. Las mayores tasas de empleo corresponden a Madrid y
País Vasco. Por el contrario, encontramos los datos más bajos en
Galicia y Extremadura.

El análisis de la tasa de paro
evidencia de nuevo las distancias entre ambos grupos. Tan solo un tercio
del colectivo es activo en términos laborales, es decir, 1.173.000
personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.

La tasa de paro de los jóvenes
con discapacidad alcanza el 63,5%, es decir, más del 60% de los jóvenes
con discapacidad se encuentran desempleados, poniendo de manifiesto la
complejidad que define el binomio juventud y discapacidad para la
integración laboral.

Por otro lado, a lo largo del
informe, el nivel formativo emerge como variable que contribuye a
reducir las distancias con la población general, es decir, se constituye
como una herramienta necesaria para favorecer la inserción laboral del
colectivo. No obstante, la tasa de abandono escolar del colectivo, se
eleva hasta el 43,2%, superando a la población general en 18 puntos
porcentuales.

La discapacidad física, la mayoritaria

Con respecto a las personas con
discapacidad oficialmente reconocida, el Informe Olivenza aporta el
último dato disponible al respecto. Indica que en España hay 1.774.800
personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64
años, lo que representa un 5,9% de la población.

El peso de los hombres es
superior al de las mujeres, en más de 272.000 personas. Respecto a la
edad, hay una clara relación entre dicha variable y la presencia de
discapacidad. Así, el segmento de mayor edad (45 – 64 años), supone el
69,6% del total. En cuanto a la discapacidad más presente es la de tipo
físico, que agrupa al 64,4% del colectivo, y su presencia es mayor en
ámbitos altamente poblados.

Analizando a nivel de
comunidades autónomas, los mayores volúmenes se ubican en Andalucía y
Cataluña, la suma de ambas comunidades supone el 36,57% de todas las
personas con discapacidad en España, dos puntos y medio más de lo que
representa la población total de estas comunidades en nuestro país.

Actualmente se destina
18.724.489€ a pensiones de invalidez, lo que supone un 1,74% del PIB.
Navarra y el País Vasco encabezan las comunidades con las retribuciones
más elevadas, mientras que Galicia y Murcia se constituyen como las
comunidades con menores prestaciones. La brecha de género es palpable
también en este colectivo, en el que las mujeres exclusivamente
representan el 35,21% y la cuantía de su prestación es inferior en 175
euros al mes.

Acceso completo al Informe Olivenza en este enlace.