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Estimado Pedro, yo sé que te gusta el futbol, sé que te gusta el cine de acción e incluso que echas unas lagrimitas con las películas pasteleras (lo reconozco, yo también). A tus 19 años estás enamorado hasta las trancas y la Coca-Cola con tus amigos los sábados por la tarde es sagrada. Esto es lo que sé de ti, Pedro, esto y mucho más. Sé que tienes muchas ilusiones y planes de futuro. 

Estimada Rosa, de ti también sé muchas cosas, sé que trabajas muy duro todo el día para alcanzar esa marca que te permita estar en Tokio 2020 y sé que cada mañana, cuando suena el despertador, piensas que queda un día menos para celebrar tu 18 cumpleaños y lo estás deseando más que nada en el mundo, porque ese día serás “mayor de edad”. 

Pedro y Rosa, lo conseguiréis porque los dos sois muy inteligentes, mucho más de lo que dice vuestro certificado de discapacidad intelectual. Ser inteligente no significa tener muchos conocimientos, ser inteligente es luchar por todo aquello que uno desea, hacer felices a las personas de tu entorno, preocuparte por la gente que quieres y, sobre todo, tener muchas ganas de vivir y desarrollarse plenamente como persona. Y un certificado no es más que un papel. 

Pedro y Rosa son nombres imaginarios que representan a más de 80.000 Pedros y Rosas que se preguntan por qué no pueden votar como sus padres, sus hermanos o sus amigos. Y por más que se preguntan por qué, no encuentran una respuesta. Es que no hay una respuesta lógica a que se les cercene su derecho a la autonomía personal y a la libertad de tomar sus propias decisiones. 

La dejadez de la clase política, esos mismos que, elecciones tras elecciones, prometen devolver sus derechos a estas 80.000 personas, pero luego arrinconan las promesas en el cajón de los buenos deseos para volver a desempolvarlas en las siguientes elecciones. 

La dejadez de una parte de los jueces, para quienes resulta más cómodo incapacitar totalmente a la “persona” que incapacitar parcialmente la capacidad de decisión sobre ciertos actos. Cuando se pide la incapacitación se hace para defender a estas personas no para anularlas. Hay derechos que nadie puede anular, son derechos consustanciales al ser humano. 

Algo tan obvio lo dice la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que España ratificó en el año 2008. Nuestra Constitución “no definen ni establecen restricciones ni limitaciones sobre el derecho al voto”. Y sobre todo lo dice el sentido común. Un derecho tan elemental, como el voto, es pisoteado sistemáticamente por todos aquellos que están obligados a legislar a favor de las personas y por muchos de aquellos que están obligados a administrar “justicia”. 

Y no es una falta de sensibilidad, es peor, es absoluta dejadez, desidia, algo que solo se ejercita con aquello que no valoramos y, por lo visto, las personas con discapacidad intelectual, no son personas, son simplemente “discapacitados”.

En la obra de David Mamet “Muñeca de Porcelana” hay una frase que dice: “El mundo está lleno de gilipollas y muchos de ellos con derecho al voto”. Y sin embargo en este país hay 80.000 PERSONAS que de gilipollas no tienen nada a los que se les sigue negando lo elemental en cualquier sistema democrático, el derecho a nombrar a sus representantes.

Queda la esperanza de que la ministra de Asuntos Sociales Dolors Montserrat cumpla lo que dijo, en diciembre de 2016, que cambiaría le Ley Electoral para posibilitar el voto de las personas con discapacidad intelectual. Todavía queda legislatura.

Arturo San Román, Director del Qué