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Los datos de la última muestra del INE sobre el comportamiento del empleo dentro del colectivo de las personas con discapacidad, correspondientes a 2015, no dejan lugar a la duda respecto a que la inclusión laboral continúa siendo una cuenta pendiente de la sociedad española.

 La tasa de empleo ha subido levemente hasta el 23,4%, frente al 61% de la tasa general; la tasa de paro supera en diez puntos la media nacional (31%); y lo más llamativo es que Del conjunto de personas con discapacidad en edad de trabajar apenas uno de cada tres está realmente activos, sea con empleo o buscando activamente uno. Hablamos de todo ello con la directora de Formación y Empleo de Fundación ONCE, Sabina Lobato (Oviedo, 1969).

Dos de cada tres personas con
discapacidad en edad de trabajar son inactivas, es decir, ni están empleadas ni
buscan activamente un empleo. ¿Cómo se pueden explicar estas cifras?

La inactividad en las personas con
discapacidad es un problema estructural y tal vez el mayor reto que tenemos por
delante las organizaciones que trabajamos por la inclusión laboral. Lo que nos
dicen las cifras del INE es que de las 1.173.600 personas que se clasifican
como inactivas, el 61% tienen una incapacidad reconocida, luego hay perceptores
de pensiones de jubilación, personas que se dedican a las tareas del hogar… El
mayor reto es cómo reintegrar al mercado de trabajo a las personas a las que se
ha reconocido una incapacidad.

¿Qué puede estar frenando ese
reingreso?

Se juntan varios factores. Por una parte, el
miedo, razonable aunque infundado, de que la aceptación de un empleo, que según
está el mercado laboral en muchas ocasiones es temporal, conlleve la pérdida de
la prestación que perciben; en otras ocasiones, el vértigo ante los trámites
administrativos que les acarrea la aceptación de ese empleo cuando son
perceptores de una prestación pública; y, por supuesto, la situación actual del
mercado laboral. Muchas veces las personas a las que se ha reconocido una incapacidad
tienen una serie de necesidades de apoyo que con los salarios y las condiciones
laborales que se les ofrecen son difíciles de cubrir. La reflexión es: ¿Qué le
conviene más al país: que una persona perciba una prestación pública o que
pueda desempeñar diferente al que venía desarrollando antes de la declaración
de incapacidad? Igual hay que plantear incentivos para que a esas personas les
compense volver a trabajar.

El CERMI ha planteado como objetivo
llegar a una tasa de actividad del 50% en 2020. Ese desafío requiere la
incorporación al mercado laboral de 150.000 personas con discapacidad. ¿Cómo se
está afrontando este reto?

Lo primero es conocer en profundidad la
realidad de la que estamos hablando. Desde Fundación ONCE hemos puesto en
marcha ya desde hace algún tiempo el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado
de Trabajo en España (www.odismet.es) que nos está aportando mucha información
y nos está permitiendo hacer propuestas y acciones más concretas y eficaces.
Más allá de esto entendemos que es necesario hacer una revisión general del
modelo de empleo para personas con discapacidad.

¿A qué se refiere, exactamente?

Las políticas de empleo para personas con
discapacidad y el modelo de inserción laboral no se han modificado desde la
LISMI (1982). Desde entonces el mundo ha cambiado un poco y el mercado laboral
también. Ahora tenemos más información que nunca y
podemos orientar los recursos disponibles de forma mucho más eficaz,
dirigiéndolos adónde más se necesitan.

¿Considera que el esquema de cuotas en
empresas de más de 50 trabajadores e incentivos al empleo de personas con
discapacidad ha agotado su recorrido a la hora de fomentar la contratación de
personas con discapacidad?

Según el INE en 2015 se creó empleo y los
datos de contratación también son positivos, así que no se puede decir que no
esté funcionando. Políticas activas, incentivos al empleo… creo que hay que
mantener lo bueno que se ha hecho y, eso sí, ver cómo podemos mejorar su
eficacia. Hay que evaluar cómo está funcionando el sistema de cuotas, si se
respeta o no se respeta, si los incentivos hay que mantenerlos para todos los
contratos o ser más selectivos, cómo están funcionando las medidas alternativas
al cumplimiento de la cuota del 2%, si realmente éstas contribuyen en todos los
casos a proyectos de inserción laboral o no, el ámbito de los centros
especiales de empleo…

¿Hacia dónde cree que se debe avanzar?

Hay una herramienta que ahora mismo está
fuera del foco pero que creemos que será muy importante a futuro: el 'empleo
con apoyo'. Es una instrumento que se adapta muy bien a personas que necesitan
de una asistencia continuada para poder trabajar en una empresa, personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, que precisamente es el colectivo
donde hay un nivel de inserción laboral más bajo, con una tasa de ocupación
inferior al 16%.

¿Cómo funciona este modelo?

Se trata de brindar a estas personas un
preparador laboral que les acompaña en el proceso de incorporación laboral y
que asiste, tanto al trabajador como a la empresa, durante el desarrollo de la
jornada para garantizar que se cumpla la tarea asignada por la empresa. A día
de hoy este recurso se encuentra en entidades especializadas pero su
implantación está muy mediatizada por las posibilidades financieras de cada
entidad. Existen recursos para desarrollar este modelo, lo que no hay es
financiación

¿Cuál debe ser la contribución de las
Administraciones Públicas en este proceso?

Quizá algo más de coordinación o un marco más
homogéneo. Muchas cosas de las que hemos hablado, las políticas activas, los
centros especiales de empleo, el 'empleo con apoyo'…. se enmarcan en
competencias que están descentralizadas y cada comunidad autónoma aplica unos
criterios diferentes para materializar los fondos disponibles. Por otro lado,
lo que tiene que ver con itinerarios y servicios de empleo para personas con
discapacidad se presta en una inmensa mayoría desde el tejido asociativo. Los
casos de colaboración con los servicios de empleo son puntuales. Tal vez deberíamos
avanzar hacia un modelo de colaboración similar al de las acciones del Fondo
Social Europeo, de incentivos por resultados.

¿Cuál ha sido el balance de las
acciones de Fundación ONCE en 2016?

El año pasado hemos aprobado 1,4 millones de
euros para 54 proyectos de entidades del movimiento asociativo relacionados con
el empleo y la formación de las personas con discapacidad, como organismo
intermedio del Fondo Social Europeo. A día de hoy, además, se puede decir que
gestionamos la principal bolsa de demandantes de empleo con discapacidad de
España, a través de la plataforma Por Talento