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 Según el XVII dictamen del Observatorio de la
Dependencia Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o
servicios a los que tienen derecho.
1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población).
De ellas 865.564 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309
(29%) están en lista de espera.
La Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del
Sistema, y las CCAA el 82% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al
50%.El recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2
millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.
En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y
la tasa de retorno es del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en
espera -simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos
directos.
2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se
inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos
y por la incorporación de los Dependientes Moderados (julio de 2015). Pero a
pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a
este ritmo se tardaría 5 años solo para atender a la actual lista de espera.
Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos 5 años sin recibir las
prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.
Resulta especialmente preocupante que más de una tercera parte de las personas
desatendidas (35%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y
Grandes Dependientes); en total 122.000 personas.
De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un
tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65
años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.
El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido
al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La
Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las
comunidades autónomas el 79% restante. El recorte acumulado de la AGE en
dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros
considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y
la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para
la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e
impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto
público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.
Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar
algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley -aunque esto pueda
sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y
posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos
sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es
imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera,
El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley,
los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de
los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto
por la reversión, para los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el
compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos
años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para
ver su integración en el ámbito de la LOFCA.
La decisión de invertir en un mejor sistema, con un mínimo de suficiencia
financiera y capaz de crecer en calidad de las atenciones e incluso mejorar el
gasto sanitario está en manos de los pactos a los que pueda llegar en el marco
de la negociación sobre la financiación autonómica. Hasta entonces, CON 90
FALLECIDOS AL DÍA SIN HABER PODIDO EJERCER SU DERECHO, procede, al menos,
recuperar lo recortado plasmándolo en los PGE de 2017.

Se mantienen las gravísimas desigualdades entre
territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que
haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les
queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera
específica, Nueve Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del
Observatorio
Aplicación de la Escala. Solo dos comunidades obtienen el notable Castilla y
León y La Rioja, recuperan el aprobado Galicia, Murcia y Extremadura y
consiguen valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa
Baleares y la Comunidad Valenciana.

El resultado de la aplicación de la Escala de
Valoración a fecha de principios de 2017:

2 Comunidades destacan con calificaciones notables:
Castilla y León (8,9) y La Rioja (7,9)

7 Comunidades entre el aprobado y el notable:
Andalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) Galicia( 6,1) Murcia
(6,1), País Vasco) (5,4) y Extremadura (5)

9 Comunidades que suspenden: Asturias (4,6), Cataluña
(3,9), Baleares (3,6) Cantabria (3,6), Comunidad de Valencia (3,2). Navarra
(2,9),), Aragón (2,5), Canarias (1,8), y la El caso de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es
también un suspenso (4,3)