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El Consejo de la
Juventud de España, la Secretaría Confederal de Juventud de CCOO, UGT Juventud,
la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest) y la
Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) expresaron este
jueves su apoyo a la huelga mundial de becarios convocada para el próximo
lunes, 20 de febrero, por la Coalición Mundial de Becarios. Esta huelga tiene
como objetivo decir “no” al “uso discriminatorio y abusivo de las
prácticas no remuneradas” y “exigir un marco legal de calidad en esta
materia”, ya que los convocantes aseguran que estas prácticas se han
convertido en “un inmenso contenedor de abusos, fraude y explotación, no solo
de estudiantes sino de quienes por su formación o por su desempeño profesional
deberían contar con un contrato de trabajo”. El Consejo de la Juventud denunció
que España “se sitúa a la cabeza de la Unión Europea donde más jóvenes realizan
prácticas una vez finalizados sus estudios y donde los becarios están peor
pagados” y detalló que, de hecho, “un 70% asegura que la retribución que recibe
es totalmente insuficiente para cubrir el coste de la vida”. En esta jornada se
denuncia la explotación empresarial, que se aprovecha de esta situación para
sustituir puestos de trabajo fijos por estudiantes o trabajadores sin ningún
tipo de derechos laborales, sin que exista una tutorización o formación real y
con contraprestaciones económicas insuficientes que excluyen a las personas
jóvenes, especialmente a las que disponen de menos recursos económicos.
Asimismo, advierten de que “estas fórmulas de prestación de servicios abusivas
se están perpetuando como casi el único modelo de transición al empleo para la
juventud”, los cuales tienen que “pasar por un periodo de precariedad y
explotación en muchos casos normalizada y aceptada por la ciudadanía”. Por
ello, las entidades firmantes exigen “un marco legal que garantice la calidad
de las prácticas curriculares, su carácter formativo y la existencia de una
contraprestación económica suficiente”. Por último, califican de “vergonzoso”
que “se beneficien las empresas, e incluso las propias administraciones
públicas que deberían hacer gala de un comportamiento ejemplar, del uso de
prácticas extracurriculares cuando ya existen otras modalidades contractuales
dirigidas precisamente a facilitar la transición al mundo laboral”.