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La concentración ha sido organizada por
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), DOWN
ESPAÑA y Plena Inclusión.

Casi 100.000 personas con discapacidad
no tienen derecho de sufragio en España por tener una sentencia de incapacitación.

El desencadenante de la protesta de este
miércoles ha sido el fallo en contra del TC a un recurso de amparo presentado
por la familia de Mara, una joven con discapacidad intelectual que lucha para
poder ejercer el derecho al voto.

Plena inclusión, el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y DOWN ESPAÑA han celebrado
este miércoles una concentración ante el Tribunal Constitucional (TC) para
reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental o deterioro cognitivo que no pueden ejercerlo, debido a
sentencias que modifican su capacidad legal.

El acto reivindicativo se ha celebrado
bajo el lema #MiVotoCuenta y ha contado con la presencia de  más de 500
personas, amén de los presidentes de las tres entidades convocantes: Santiago
López (Plena inclusión), José Fabián Cámara (DOWN ESPAÑA) y Luis Cayo Pérez
Bueno (CERMI Estatal). Asimismo, Inclusion Europe, la organización que
representa a nivel europeo a las personas con discapacidad y sus familias, ha
mostrado su apoyo a la concentración celebrada en España.

El desencadenante de esta protesta
cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un
recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que
Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las
organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al
sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara
discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.

Precisamente, durante la protesta, la
madre de Mara y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual
miembro de Plena Inclusión, han sido los encargados de dar lectura a un
manifiesto en el que se denuncia la flagrante vulneración de los derechos de
las personas con discapacidad al arrebatarles el derecho al voto. Al resto de
la ciudadanía no se le realiza un examen para estudiar si alguien cuenta o no
con unos supuestos conocimientos necesarios para votar, por lo que presuponer
que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en
democracia cercena cualquier principio de igualdad.

Las personas asistentes han coreado
lemas como “con mi voto no se juega” o “queremos votar” y portaron pancartas en
las que podía leer “mi voto también cuenta”. Además, al acto han acudido
personas procedentes de diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo
Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La La Mancha.

FRUSTRACIÓN Y DECEPCIÓN

Para el presidente del CERMI, “la
experiencia del sector social de la discapacidad con el Tribunal Constitucional
es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica
la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las
personas con discapacidad”.

“Y en esta cuestión del derecho al voto,
el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con
discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a
instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como
cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”, ha señalado
Pérez Bueno.

A su juicio, el fallo del TC contra el recurso
de amparo de la familia de Mara hace que “nuestros derechos por enésima vez se
vean arrojados a la cuneta de la vida en comunidad. Solo cabe señalar como
alentador el voto particular de la Magistrada Adela Asua, que reprocha
implícitamente a la mayoría que dictó el auto la incomprensión y el error,
jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con
discapacidad”.

Ante este escenario, el máximo
representante de la plataforma representativa de la discapacidad en España ha
señalado que se hace más necesaria que nunca la modificación de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General (LOREG) para que la propia legislación garantice
el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

El presidente de Plena inclusión,
Santiago López Noguera, ha dicho que cada uno debemos  asumir nuestra
parte de responsabilidad: el Gobierno, no demorar la reforma de la LOREG; la
Junta Electoral, facilitar los procesos para ejercer el derecho al voto; los
partidos políticos, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a su
organización; los jueces, no perder de vista el artículo 29 de la Convención de
la ONU a la hora de interpretar la Ley. A las personas con discapacidad les
toca tomar conciencia, con la ayuda de la accesibilidad cognitiva y el acceso a
la información. Los familiares somos el siguiente escalón y debemos estar muy
atentos en todo el proceso y no transigir con usos y costumbres instaurados.
Para todo ello es imprescindible el apoyo y la información que recibimos de
cada una de las 900 entidades que formamos Plena Inclusión”.

Por su parte, el presidente de DOWN
ESPAÑA, José Fabián Cámara, ha afirmado que este proceso “está poniendo en
evidencia, una vez más, que el poder judicial de nuestro país sigue manteniendo
criterios claramente discriminatorios hacia las personas con discapacidad”.

“La decisión del Constitucional -ha
señalado Cámara- como antes la del Supremo, vulnera los principios de igualdad
de la Constitución y de la Convención de la ONU. No podemos quedarnos de brazos
cruzados ante la que es una de las violaciones más flagrantes que se están
produciendo en nuestro país. Necesitamos alzar la voz para denunciar este hecho
y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la
población, con o sin discapacidad.”  

“Además, necesitamos que se modifique
cuanto antes la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Obligar a los
jueces a realizar un examen para constatar la capacidad de comprensión de las
personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo
y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la
sociedad”, ha zanjado Cámara.