miércoles, 23 septiembre 2020 12:44

España, democracia imperfecta

La democracia de un país se sustenta en muchos y variados valores. Sin
lugar a dudas uno de los más importantes es una justicia eficaz e
independiente, que creo firmemente que en España, aunque mejorable, existe.
Pero el valor más importante, en el que la democracia adquiere todo su sentido,
es aquel que permite que cada uno de los ciudadanos, de una manera libre,
ejerzamos nuestro derecho a decidir quién queremos que gobierne lo público a
través de nuestro voto. El voto es el ejercicio máximo de responsabilidad
individual y, partiendo de esa responsabilidad individual, se llega a la
responsabilidad colectiva de los habitantes de un país que teje una red de suma
de voluntades que hace posible la existencia de una verdadera democracia.

Ahora la pregunta es, ¿España es una democracia plena? La realidad es que
no. España es una democracia incompleta
porque hay casi 100.000 ciudadanos
, españoles todos, mayores de edad todos,
es decir con los requisitos necesarios para ejercer su responsabilidad ante las
urnas, a los que sistemáticamente se les niega un derecho fundamental e
intransferible como es votar, y se les niega porque simplemente tienen una
discapacidad intelectual. Sin esos cien mil votos la red tejida, a la que antes
me refería, tiene un roto por donde se escapa una parte importante de derechos
intrínsecos al sistema democrático. Por eso afirmo que en España la democracia
no solo es incompleta, también es frágil porque la red colectiva es más
endeble.

Para representar la imparcialidad de la justicia solemos decir que es
ciega, pero me da la impresión de que a veces tampoco quiere ver. No soy
jurista, solo un humilde periodista, por eso no tengo formación jurídica para
valorar por qué el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el
 recurso de amparo presentado por la Fiscalía General del Estado por la
vulneración del derecho al sufragio de una ciudadana gallega con discapacidad
intelectual. Pero como ciudadano estoy en mi derecho de expresar mi
indignación. Se ha perdido una oportunidad histórica de cerrar de una vez por
todas un capítulo que a muchos nos parece vergonzoso. 

Tan difícil es de entender que las limitaciones de una persona con
discapacidad intelectual no son diferentes a las de otros muchos ciudadanos que
necesitan el apoyo de otras personas para desarrollar su vida y derechos.
¿Alguien está en disposición de asegurar que nunca ha necesitado el apoyo de
alguien para hacer algo?, ¿es que un juez no se apoya en el código civil o
penal a la hora de dictar sentencia?

Algo tan obvio y de sentido común se ha convertido en un sinsentido cuando
llega a los juzgados, donde la justicia no es que sea ciega, es que está
escondida debajo de toneladas de legajos.

Queda la esperanza de que la ministra de Asuntos Sociales Dolors Montserrat
cumpla lo que dijo en diciembre de que cambiaría le Ley Electoral para
posibilitar el voto de las personas con discapacidad intelectual, y yo no tengo
motivo para dudar que cumplirá. 

  Por cierto, estaría bien que el Ministerio de Justicia firmase un acuerdo
con el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) de
la ONCE para dotar a todos los juzgados de España de los elementos necesarios
para suplir ciertas cegueras.

 Arturo San Román, Experto en Comunicación Social.

@arturosanromanf